El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que consolida a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente, bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de las críticas de la oposición y las advertencias de expertos de la ONU sobre el posible aumento de abusos a los derechos humanos, la reforma alcanzó la mayoría calificada necesaria tras un intenso debate de casi nueve horas.
Tras casi nueve horas de debate, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que consolida a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial y dependiente del ramo de Defensa Nacional. Con 86 votos a favor de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN, y 42 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la reforma alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
Durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, defendió la reforma como una oportunidad para profesionalizar las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. A pesar de esto, la propuesta enfrentó una fuerte oposición de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes señalaron que la militarización de la seguridad pública ha sido un “absoluto fracaso”. El senador Ricardo Anaya Cortés subrayó que, desde el inicio de esta estrategia en el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios han aumentado, y la situación ha empeorado bajo los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Defensores de la reforma, como Omar García Harfuch de Morena, argumentaron que la Guardia Nacional es esencial para enfrentar el poder de fuego del crimen organizado, especialmente en comunidades con escasa presencia policial. Desde el PT, Alejandro González Yáñez criticó que el PAN involucrara al Ejército en la seguridad pública sin un marco jurídico, pero aseguró que la Guardia Nacional evitaría el destino de corrupción de la extinta Policía Federal.
No obstante, la aprobación de esta reforma ha despertado preocupaciones a nivel internacional. Expertos y expertas de la Organización de las Nacionas Unidas (ONU) manifestaron su inquietud por el hecho de que el control de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podría incrementar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, como tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. «Nos alarma que esta reforma asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, lo que podría aumentar la impunidad y las desapariciones forzadas», señalaron.
La ONU ha advertido que México ha incrementado el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior a través de políticas públicas y reformas legislativas. Los expertos subrayaron que México debe garantizar que las labores de seguridad pública sean realizadas por fuerzas civiles y que la participación militar sea extraordinaria y supervisada por autoridades civiles.
A pesar de las reservas presentadas por la oposición para modificar diversos artículos, la reforma fue aprobada sin cambios y se remitió a las legislaturas estatales para su ratificación.
