Hoy una redacción pequeña puede producir periodismo que hace apenas una década habría requerido decenas de personas, presupuestos elevados y una infraestructura reservada a grandes organizaciones. Puede consultar bases de datos internacionales, analizar miles de documentos, acceder a fuentes primarias, verificar imágenes, desarrollar visualizaciones, construir grafos, procesar información estadística, producir audio y video y publicar una investigación en cuestión de horas.
La inteligencia artificial terminó de acelerar una transformación que internet había comenzado mucho antes. El costo de producir información periodística de alta calidad se desplomó y muchas de las ventajas técnicas de los grandes medios dejaron de ser exclusivas. La abundancia de fuentes, herramientas y capacidad de publicación debería haber provocado una explosión del periodismo independiente.
Sin embargo, eso no ocurrió en la misma proporción. Dos barreras permanecieron prácticamente intactas: la distribución y la credibilidad. Un medio puede publicar una investigación extraordinaria y no conseguir que nadie la encuentre; puede presentar documentos, bases de datos, metodología y evidencia verificable y, aun así, encontrarse con una pregunta anterior a cualquier discusión sobre los hechos: “¿Qué medio lo publicó?”.
La revolución ocurrió dentro de las redacciones. El poder para decidir qué información circula y qué fuentes merecen confianza quedó fuera de ellas.
Y durante los últimos ocho años Europa construyó una arquitectura regulatoria e institucional que, aunque fue concebida para combatir la desinformación, interviene precisamente sobre esas dos variables: qué información adquiere visibilidad y qué actores reciben señales institucionales de credibilidad.
De combatir información falsa a organizar el ecosistema informativo
El punto de partida puede fecharse con bastante precisión. En abril de 2018, la Comisión Europea publicó Tackling online disinformation: a European approach. Allí propuso crear un código europeo contra la desinformación, impulsar una red independiente de verificadores y desarrollar instrumentos destinados a estimular lo que denominaba “periodismo de calidad”.
No era todavía una regulación coercitiva sobre lo que podía publicarse. La Comisión definía entonces la desinformación como información falsa creada deliberadamente para influir en la opinión pública u ocultar la verdad y reconocía que la desinformación, por sí misma, no era necesariamente contenido ilegal. También excluía expresamente de esa categoría los errores periodísticos, la sátira y la parodia.
Pero aquella estrategia introdujo algo diferente: la idea de que la calidad del espacio informativo podía ser gestionada mediante una cooperación organizada entre instituciones públicas, plataformas tecnológicas, verificadores, investigadores, organizaciones civiles y medios.
Ese mismo año nació el primer Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación. Para diciembre de 2018, la Comisión informaba que las plataformas y la industria publicitaria ya habían aceptado compromisos de transparencia; al mismo tiempo facilitaba la creación de una red de verificadores y financiaba proyectos de investigación destinados a identificar y combatir desinformación. La Comisión advirtió además que evaluaría el funcionamiento del sistema para decidir si serían necesarias posteriormente medidas regulatorias. Lo voluntario comenzaba a convertirse en infraestructura.
La pandemia convirtió el experimento en un sistema de monitoreo
La pandemia de COVID-19 proporcionó el escenario para intensificar este modelo. Durante 2020 y 2021, Google, Microsoft, Twitter, TikTok y otras plataformas presentaron a la Comisión informes periódicos sobre las medidas aplicadas contra información considerada falsa o engañosa. Entre ellas estaba elevar la visibilidad de fuentes consideradas autorizadas, reducir la distribución de determinados contenidos, colocar advertencias, bloquear publicidad y retirar publicaciones.
La propia Comisión describió favorablemente los esfuerzos de las plataformas para aumentar la visibilidad de “contenido autoritativo” y limitar la distribución de información falsa o engañosa. Google desplegó información oficial sobre vacunas en sus búsquedas; YouTube retiró miles de videos que contradecían el consenso de las autoridades sanitarias; Twitter dirigió búsquedas hacia información considerada autorizada y TikTok introdujo advertencias sobre contenidos no verificados.
La importancia de este episodio no está solamente en si cada decisión concreta fue correcta o incorrecta. Está en la normalización de un principio: una plataforma no debía limitarse a alojar información, sino intervenir sobre su visibilidad en función de una clasificación de confiabilidad.
Al mismo tiempo, en 2020 comenzó a operar el European Digital Media Observatory, EDMO, una estructura apoyada por la Comisión que reúne verificadores, investigadores, expertos en alfabetización mediática y otros integrantes del ecosistema informativo. La propia Comisión lo concibe como una comunidad multidisciplinaria destinada, entre otras funciones, a monitorear el entorno informativo, detectar y exponer campañas de desinformación y contribuir a la integridad electoral. En 2025 abrió una nueva contratación de hasta 2.56 millones de euros para continuar su funcionamiento.
La lucha contra la desinformación dejaba así de ser una colección de iniciativas aisladas. Se estaba formando una red.
En 2022 las plataformas aceptaron intervenir directamente sobre la distribución
El salto siguiente ocurrió en junio de 2022, cuando la Comisión presentó el Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación reforzado.
El nuevo esquema incorporó compromisos para desmonetizar la desinformación, transparentar publicidad política, ampliar la cooperación con verificadores y facilitar a investigadores el acceso a datos de las plataformas. También buscó extender la cobertura de fact-checking a todos los Estados miembros y lenguas de la Unión Europea y promover contribuciones financieras de las plataformas para el trabajo de los verificadores.
Pero uno de sus elementos más relevantes afecta directamente la distribución.
El Código establece que los sistemas de recomendación pueden utilizarse para aumentar la prominencia de información considerada autoritativa y disminuir la prominencia de la desinformación. Los signatarios también deben explicar cómo diseñan sus productos y procesos para reducir impresiones e interacción con desinformación o aumentar la visibilidad de información autoritativa.
No se trata únicamente de retirar falsedades. Se trata de jerarquizar información. Los propios reportes entregados por las compañías muestran cómo se tradujo este principio en productos concretos. Microsoft informó, por ejemplo, de la promoción de información considerada autorizada en Bing y del descenso de fuentes menos autoritativas en determinados contextos. Google explicó que YouTube utiliza evaluadores humanos para estimar la autoridad de videos y canales según factores como experiencia y reputación y utiliza esas evaluaciones para entrenar sus sistemas; cuanto mayor es la puntuación de autoridad, mayor puede ser la promoción del contenido en determinadas categorías informativas.
Aquí se encuentra uno de los problemas centrales para el periodismo independiente. La autoridad no es exactamente lo mismo que la verdad. Una organización conocida, antigua y ampliamente citada posee señales reputacionales que una publicación pequeña no tiene, incluso cuando ambas presenten exactamente la misma evidencia. Si los sistemas destinados a combatir desinformación incorporan señales de autoridad para decidir qué elevar, una desigualdad histórica de reputación puede convertirse también en una desigualdad algorítmica de distribución.
Plataformas, verificadores, ONG y grandes organizaciones entraron al mismo sistema
El Código tampoco fue diseñado exclusivamente entre gobiernos y empresas tecnológicas. Su lista de signatarios muestra la construcción de un ecosistema mucho más amplio. En ella aparecen Google, Meta, Microsoft, TikTok y Twitch junto con organizaciones de fact-checking, investigación y sociedad civil como Maldita.es, Newtral, NewsGuard, Global Disinformation Index, European Fact-Checking Standards Network y Reporteros sin Fronteras, entre muchas otras.
Esto no prueba que esas organizaciones actúen coordinadamente para perjudicar a medios independientes ni que compartan una agenda editorial. Tampoco existe en los documentos examinados una instrucción de la Comisión ordenando discriminar a publicaciones pequeñas.
Lo que sí demuestra es algo institucionalmente importante: los mismos espacios de gobernanza comenzaron a reunir a quienes regulan, quienes distribuyen información, quienes verifican su contenido, quienes investigan la desinformación y organizaciones relacionadas con el ecosistema periodístico. La frontera entre distribución y evaluación epistemológica comenzó a hacerse mucho menos clara.
La DSA convirtió la gestión del riesgo en obligación
La siguiente transformación fue regulatoria. La Digital Services Act obliga a las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño a evaluar los riesgos sistémicos derivados de sus servicios, incluidos sus sistemas algorítmicos. Para mitigarlos, el artículo 35 contempla expresamente cambios en el diseño y funcionamiento de los servicios, en los procesos de moderación, en los sistemas publicitarios y en los propios sistemas algorítmicos y de recomendación.
El reglamento reconoce además que los recomendadores tienen una enorme capacidad para determinar qué información encuentran las personas, cuáles mensajes se amplifican y cuáles consiguen propagarse viralmente. Entre las posibles medidas de mitigación contempla probar y adaptar esos sistemas y corregir los criterios utilizados en las recomendaciones.
La Comisión ya ha utilizado esas facultades para solicitar a plataformas como YouTube y TikTok explicaciones detalladas sobre sus sistemas de recomendación y sobre su posible papel en riesgos vinculados con procesos electorales y discurso cívico.
En febrero de 2025 ocurrió además un cambio institucional fundamental: la Comisión y el Comité Europeo de Servicios Digitales aprobaron la incorporación del Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación al marco de la DSA. Lo que había comenzado en 2018 como un mecanismo voluntario se convirtió en un punto de referencia para evaluar el cumplimiento de obligaciones de las grandes plataformas.
El círculo se había cerrado: la política contra la desinformación y la regulación de los sistemas de distribución habían quedado conectadas.
Europa también financió la infraestructura que determina credibilidad
El segundo cuello de botella del periodismo, la confianza, tiene una dimensión diferente. La Comisión no solamente impulsó verificadores. También comenzó a financiar expresamente el crecimiento de su capacidad y de su alcance.
En abril de 2025 abrió una convocatoria por alrededor de 1.6 millones de euros destinada a proyectos que incrementaran el alcance y el impacto del contenido producido por organizaciones profesionales de fact-checking. La descripción oficial las denomina actores fundamentales de la “cadena de valor de la información” capaces de verificar y evaluar la credibilidad del contenido.
En marzo de 2026, la Comisión firmó además una subvención de 5 millones de euros para fortalecer verificadores independientes en Europa y otros territorios, ampliar capacidad en todas las lenguas de la Unión, fomentar su cooperación y crear un repositorio europeo de verificaciones.
Es decir, Europa no solamente pidió a las plataformas combatir la desinformación. Ayudó a construir y financiar una capa profesional dedicada a determinar la credibilidad de información y después promovió mecanismos para que sus conclusiones tuvieran mayor alcance.
Esta intervención tiene una justificación democrática evidente: una sociedad necesita herramientas para comprobar afirmaciones falsas, detectar campañas de manipulación y protegerse frente a operaciones coordinadas.
Pero también crea una cuestión de poder que merece ser examinada.
¿Quién verifica a quienes verifican? ¿Qué criterios convierten una fuente en autoritativa? ¿Cuánto pesa la reputación institucional frente a la evidencia documental? ¿Puede una infraestructura creada para reducir la propagación de falsedades terminar consolidando a determinados actores como intermediarios permanentes de credibilidad?
Los “trusted flaggers” añaden otra capa, pero no deben confundirse con verificadores
La DSA creó además la figura de los trusted flaggers, o alertadores fiables. Son organizaciones reconocidas por los coordinadores nacionales de servicios digitales por su experiencia para detectar determinados tipos de contenido ilegal, y sus avisos deben ser tratados prioritariamente por las plataformas. Para junio de 2026 ya existían más de 70 entidades designadas.
Es importante hacer aquí una distinción que con frecuencia desaparece en el debate público: los trusted flaggers no son oficialmente árbitros generales de la verdad ni están diseñados para decidir qué noticia es desinformación. Su mandato corresponde al contenido potencialmente ilegal y las plataformas conservan la responsabilidad de decidir qué acción tomar.
Pero su existencia confirma una tendencia más amplia de la arquitectura europea: sustituir un modelo en el que todas las alertas tenían básicamente el mismo peso por otro en el que determinados actores institucionalmente reconocidos reciben canales privilegiados de intervención sobre las plataformas.
La paradoja de proteger el pluralismo reduciendo el descubrimiento
El problema aparece cuando observamos todo el sistema al mismo tiempo. Europa identificó la desinformación como amenaza democrática. Después reunió plataformas, verificadores, investigadores, organizaciones civiles y actores relacionados con los medios; promovió sistemas para aumentar la visibilidad de información considerada autorizada; pidió reducir la prominencia de desinformación; institucionalizó la evaluación de riesgos algorítmicos; financió redes de fact-checking; financió además estrategias para aumentar el alcance de sus verificaciones; otorgó un estatus privilegiado a determinadas organizaciones para alertar sobre contenido ilegal y convirtió parte de aquella infraestructura voluntaria en referencia para el cumplimiento de la DSA. Cada elemento puede defenderse por separado. El problema surge de su interacción.
Porque la desinformación no circula en un ecosistema neutral de reputación. Los grandes medios llegaron a esta transformación con décadas de reconocimiento, millones de enlaces entrantes, enormes audiencias, archivos históricos, presencia permanente en buscadores y una marca ya reconocible para plataformas y lectores. Los medios independientes llegaron con una desventaja inicial.
Cuando la autoridad se convierte en una señal utilizada para jerarquizar información, esa desigualdad previa puede reproducirse algorítmicamente.
El resultado puede ser paradójico: una política concebida para proteger la democracia y el pluralismo informativo puede terminar dificultando el descubrimiento de nuevos actores precisamente porque todavía no poseen las señales de reputación que el sistema aprendió a reconocer como confiables.
El segundo problema está en la audiencia
La tecnología tampoco eliminó la concentración de credibilidad.
El Digital News Report 2026 del Reuters Institute muestra que la confianza general en las noticias cayó al 37%, su nivel más bajo desde que comenzó esta medición en 2015. Sin embargo, la confianza en las marcas informativas individuales más utilizadas resiste mejor que la confianza general. Al mismo tiempo, apenas 22% de las personas dice confiar habitualmente en las noticias que encuentra en redes sociales.
Esta combinación es especialmente perjudicial para un medio nuevo.
Las audiencias encuentran cada vez más noticias dentro de plataformas que perciben como poco confiables y, precisamente por esa incertidumbre, tienen incentivos para utilizar la marca del medio como atajo para decidir qué creer.
El medio grande recibe entonces dos ventajas simultáneas: el algoritmo dispone de señales históricas de autoridad y el lector dispone de una marca conocida que reduce el costo de evaluar la información. La distribución produce credibilidad y la credibilidad produce distribución. Es un mecanismo acumulativo.
Democratizamos la producción, pero no la distribución ni la confianza
Nada de esto significa que la desinformación sea un problema inventado. Las operaciones de influencia existen, las campañas coordinadas existen, la fabricación deliberada de información falsa existe y las plataformas pueden amplificarlas de manera extraordinaria.
Tampoco significa que cada intervención europea haya perjudicado al periodismo independiente ni que los grandes medios sean automáticamente beneficiarios intencionales de estas políticas.
La cuestión es estructural. En menos de una década construimos herramientas que democratizaron extraordinariamente la producción de periodismo, mientras simultáneamente construíamos una arquitectura mucho más compleja para administrar la distribución y la confianza.
Por eso el gran problema contemporáneo del periodismo quizá ya no esté dentro de la redacción.
Una redacción independiente puede acceder a documentos originales, verificar datos, analizar bases gigantescas, construir software, consultar expertos, publicar investigaciones interactivas y competir técnicamente con organizaciones muchísimo mayores.
Lo que todavía no puede hacer es garantizar que su investigación llegue al público.
Ni puede concederse a sí misma la reputación que el público y los sistemas de distribución continúan utilizando como sustituto de una evaluación individual de la evidencia.
La revolución periodística se produjo. Pero quedó encerrada detrás de dos puertas que no controla el periodista: el algoritmo que decide si alguien encontrará su trabajo y la estructura de credibilidad que decide si alguien confiará en él cuando lo encuentre.
Y las políticas europeas contra la desinformación no inventaron esas dos concentraciones de poder. Pero al institucionalizar categorías de autoridad, redes de verificación, mecanismos de amplificación, obligaciones de mitigación y sistemas capaces de modificar la recomendación, existe una pregunta que hasta ahora ha recibido mucha menos atención que la desinformación misma:
¿construimos una infraestructura para proteger el pluralismo democrático que, sin proponérselo, puede terminar convirtiendo la reputación histórica de unos pocos actores en una ventaja permanente de distribución?
Ese es el problema que el periodismo del futuro tendrá que desbloquear.
