Entre los 100 mil casos que se acumulan en la base de datos, solo 35 han alcanzado la condena de los perpetradores. Esta casi absoluta tasa de impunidad es atribuida a la falta de investigaciones efectivas por parte de las fiscalías.
Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a las autoridades mexicanas intensificar los esfuerzos para garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición, luego de que las cifras alcanzaran los 100 mil casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, afirmó Bachelet.
El RNPDNO cuenta con datos de personas desaparecidas desde 1964. Los casos reportados datan del periodo de Guerra Sucia en el que Estado implementó una política de persecución a adversarios y disidentes del Gobierno de México.
Según la oficina de la ONU, los datos oficiales revelan que alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres y una quinta parte eran menores de edad al momento de su desaparición. Asimismo, los datos refieren que más del 97 por ciento de los casos, cuya fecha se conoce, fueron registrados después de diciembre de 2006, fecha que coincide con el inicio del Gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien implementó la Guerra contra el narcotráfico.
Entre los 100 mil casos que se acumulan en la base de datos, solo 35 han alcanzado la condena de los perpetradores. Esta casi absoluta tasa de impunidad es atribuida a la falta de investigaciones efectivas por parte de las fiscalías. La oficina de la ONU consideró que la falta de procuración de justicia afecta sobretodo a las familias de las víctimas, quienes en medio de la incapacidad del Estado, intentan esclarecer por su cuenta qué les sucedió a sus seres queridos.
“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”, declaró la Alta Comisionada.
Bachelet rindió homenaje a las familias que han emprendido acciones de búsqueda y destacó la labor de Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue víctima de desaparición forzada en 1975. Ibarra falleció en abril, y durante décadas se dedicó a buscar a desaparecidos, su activismo permitió localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas.
Aunque México ha aprobó Ley General de desapariciones y creó comisiones de búsqueda locales, así como comisiones para examinar casos representativos como las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, y Ayotzinapa en 2014, además de establecer el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, aun tiene pendiente procurar justicia en la mayoría de los casos.
En 2020, México reconoció la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para examinar comunicaciones individuales. En junio de 2021, la Suprema Corte reconoció el carácter vinculante de las Acciones Urgentes del CED. En noviembre de 2021, México se convirtió en el primer país en aceptar la visita del CED, que estuvo en 13 entidades federativas y atendió más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Bachelet instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzada, al igual que todos los aspectos de la Ley General de desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
