La penas por difundir imágenes o videos de feminicidios, o delitos relacionados con violencia de género, alcanzarán penas de hasta 12 años de prisión y podrían incrementarse cuando se trate de menores de edad, mujeres o cadáveres.
Este martes, la Cámara de Senadores aprobó con 86 votos a favor una serie de reformas en el Código Penal que tienen objetivo de tipificar y aplicar sanciones a quienes realicen filtraciones de imágenes, en fotografía o video, donde se muestren víctimas de feminicidios o delitos relacionados con violencia de género.
El proyecto fue presentado por la senadora Olga Sánchez Cordero, quien preside la Comisión de Justicia, quien consideró que el dictamen tiene el objetivo de garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas. La reforma aprobada modificó la fracción XXVIII del artículo 225 que establece como delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:
«Dar a conocer, difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, reproducir, comercializar, ofertar, intercambiar, copiar o compartir, a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales».
La sanción por violar este artículo dispone penas de seis a doce años de prisión y una multa de 500 a mil unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, el artículo 225 Bis precisa que el funcionario que realice estos hechos cuando el material sea parte de una carpeta de investigación, un proceso penal o esté relacionado con las condiciones personales de la víctima o las circunstancias del hecho que la Ley señala como delito, se impondrá una pena de 10 años de prisión y una multa de 500 a mil UMA. La sanción se incrementará a más de la mitad cuando se trate de menores de edad, mujeres o cadáveres.
La iniciativa surgió a raíz del caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, luego de que en febrero del 2020, se difundieron en redes sociales y medios de comunicación, fotografías del crimen, lo que laceró la dignidad de la víctima y de sus familiares. Según la senadora Sánchez Cordero, la justicia no solo consiste en una sentencia, sino también en el respeto irrestricto de la dignidad y la memoria de las víctimas, sean o no directas.
