En Estados Unidos y Rusia las leyes sobre agentes extranjeros han sido aplicadas con mayor severidad desde el año 2012. Sin embargo, en México, las regulaciones a los agentes extranjeros fueron suavizadas por presiones del gobierno estadounidense.
Mientras que en Rusia y EU recurre a esta regulación para neutralizar mutuos avances de injerencia extranjera, en México, los actores políticos opositores tienen garantizadas operaciones y campañas que ninguna de las dos potencias mundiales acepta en sus territorios.
Los Estados Unidos, Rusia y China, las principales potencias del mundo, tienen vigentes en sus legislaciones leyes para regular los agentes externos. Estas leyes regulan las actividades de individuos y entidades que actúan en nombre de gobiernos extranjeros en un país y han sido aplicadas para impedir que grupos de poder, funcionarios de gobierno, organizaciones civiles, e incluso medios de comunicación,, interfieran en la política interior de un país, así sea a través de miembros nacionales.
Entre 2012 y 2022, Estados Unidos y Rusia intensificaron sus regulaciones respecto a estos agentes. Sin embargo, en México la regulación se volvió más laxa tras enfrentar presiones del gobierno estadounidense.
Una interpretación radical de los agentes extranjeros justifica su regulación incluso en el ámbito civil al considerarlos una vía para impedir la ejecución de un golpe blando o lawfare. Gene Sharp, introdujo este concepto para describir intentos por desestabilizar a gobiernos a través de medios legales y no violentos.
De acuerdo con Sharp, el golpe blando puede llevarse a cabo a través de cinco etapas: la primera, crear malestar social a través de la divulgación de casos de corrupción, e incluso falsos rumores; la segunda, consiste en señalar al gobierno en turno de autoritario y emprender campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos” para supuestamente, contrarrestar el exceso de poder del Estado; la tercera, la manipulación para que la ciudadanía lleve a cabo manifestaciones violentas; la cuarta, recurrir a la guerra psicológica y la desestabilización de los gobiernos; y la quinta, forzar la renuncia del presidente en turno luego de intensas jornadas de protestas callejeras y reclamos.
SURGIDOS EN EL CONTEXTO GEOPOLÍTICO DEL S.XX
Los agentes extranjeros fueron establecidos por primera vez en una ley estadounidense que data de 1939, fecha en que el país norteamericano intentaba contener el avance de la propaganda nacionalsocialista del régimen de Adolf Hitler. En los años 60, la ley La Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) fue enmendada para integrar empresas y grupos que promovían intereses extranjeros. Desde 2017, el gobierno estadounidense intensificó la aplicación de esta regulación, sobre todo contra integrantes de la Administración del expresidente Donald Trump, a quien se le vincula con el RussiaGate, un escándalo en el que se señaló a Rusia de supuestamente interferir en las elecciones estadounidenses del 2016.
En 2012, la Duma aprobó en Rusia una reforma a la Ley Sobre Organizaciones sin Fines de Lucro que clasificó a las organizaciones civiles sin fines de lucro agentes extranjeros cuando buscan influir en las decisiones de organismos gubernamentales sobre políticas del Estado y reciban dinero en efectivo o bienes de gobiernos extranjeros. La justificación oficial detrás de la ley, según las autoridades rusas, es aumentar la transparencia y garantizar que el público esté informado sobre las fuentes de financiamiento de estas organizaciones.
En la perspectiva rusa, la ley se presenta como una medida para proteger la soberanía nacional y prevenir la interferencia extranjera en los asuntos internos del país. Se argumenta que al requerir que las organizaciones se registren como «agentes extranjeros» y divulguen sus fuentes de financiamiento, se está proporcionando a la población rusa información sobre posibles influencias externas en organizaciones que participan en actividades políticas o sociales.
En 2017, se incluyó a los medios de comunicación que reciben financiamiento extranjero en Rusia como una respuesta a la determinación del Departamento de Justicia de EU de clasificar a los medios rusos Russia Today (RT) y Sputnik como agentes extranjeros.
En 2022, una reforma incrementó el control de los agentes extranjeros en Rusia, al impedirles ejercer la docencia, recibir fondos del gobierno ruso, y amplió la definición a personas que reciban apoyo técnico o estar bajo presión de gobiernos extranjeros.
Mientras en EU y Rusia las leyes de agentes extranjeros se endurecen, en México ha ocurrido lo contrario. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado a organizaciones con financiamiento del Gobierno de EU, como Artículo 19, de ser opositoras a su gobierno, estos actores políticos están muy lejos de ser considerados agentes extranjeros en territorio mexicano.
La única definición de agente extranjero considerada en la ley mexicana se encuentra dentro la Ley de Seguridad Nacional, en la que se describe que son «Funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquéllas de carácter técnico especializado».
En 2020, AMLO propuso una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que planteaba que los agentes extranjeros, entre ellos personal de la Administración par el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), tendrían la obligación de compartir con los funcionarios mexicanos toda la información que recolectaran en el país.
La iniciativa recibió una ola de críticas en EU, donde fue considerada una acción en represalia por la detención de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), a quien se le señaló por presunto vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el tema dio un giro después de que funcionarios estadounidenses advirtieran que la reforma generaría problemas en la cooperación bilateral y la lucha contra las drogas.
Tras las críticas, el Gobierno mexicano reformuló los lineamientos para la aplicación de esta legislación y descartó que los agentes extranjeros proporcionen al Estado mexicano toda información que recolectan en el territorio nacional. En los nuevos lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de enero de 2021, se precisó que México se apegará a los tratados de confidencialidad y reserva de información de los que es parte. En tanto que los servidores públicos contarán con un plazo de tres días para informar sobre reuniones con agentes extranjeros. Sin embargo, estos reportes solo contendrán «fecha en que se dio el contacto, tipo de contacto, nacionalidad del Agente Extranjero, agencia a la que pertenece el Agente Extranjero, tema y objetivo del contacto».
