La presidenta de la SCJN, Norma Piña, ordenó investigar a su predecesor, Arturo Zaldívar, por supuestamente presionar a jueces para favorecer los intereses políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. El exministro asegura que se trata de una persecución política y que las acusaciones carecen de pruebas.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó una investigación en contra de ministro retirado, Arturo Zaldívar, y excolaboradores por presuntas presiones que habrían ejercido sobre jueces para que resolvieran de manera favorable casos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador habría tenido intereses políticos.
La Suprema Corte será la encargada de dar seguimiento al expediente de Zaldívar ; en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigará a los excolaboradores. En el expediente, que fue filtrado a algunos medios de comunicación y que fue integrado a partir de una denuncia anónima, se señala al exministro de presuntamente vulnerar la autonomía e independencia de jueces y magistrados, así como de abusar de sus funciones.
De acuerdo con El País, Arturo Zaldívar es señalado de presuntamente prometer «beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo, y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones»; también se le acusa de otorgar puestos estratégicos para influir en el sentido de las resoluciones.
Sin aportar elementos de prueba, se señala a Carlos Antonio Alpízar, exsecretario general de presidencia del Consejo de la Judicatura como uno de los colaboradores de Zaldívar. Entre estos cargos, se señala a los extitulares del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval y del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Edgar Manuel Bonilla.
En el documento se mencionaría a Julio Scherer Ibarrra, quien se desempeñó como consejero jurídico de López Obrador, como un presunto colaborador de Zaldívar para ejercer presión sobre los jueces
Entre los casos en los que AMLO tendría interés por ejercer presiones, destacan presuntas amenazas contra los jueces que concedía amparos para detener las obras del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y las reformas sobre la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica.
También se mencionan casos que adquirieron relevancia mediática, como el de la extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, conocido como Estafa Maestra, y el del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien enfrenta un proceso penal por el caso Odebrecht.
Otros casos mencionados son el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el caso de corrupción en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), entre otros más.
Arturo Zaldívar ha declarado a los medios de comunicación que la denuncia tiene su origen en una persecución política y argumentó que carece de pruebas. A través de las redes sociales el exministro expresó: «La admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrarla a los medios aún más. La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial»
En febrero pasado, el presidente López Obrador admitió públicamente haber intervenido en la toma de decisiones del Poder Judicial a través de la intervención de Arturo Zaldívar, quien como presidente de la SCJN siempre se mostró como un incondicional de AMLO.
«Todavía cuando Arturo Zaldivar era presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo de este tipo. Nosotros respetuosamente interveníamos”, afirmó AMLO desde su conferencia Mañanera.
Según el presidente, se acercaba a Arturo Zaldívar para pedirle que hablara con los jueces sobre temas de su interés.
Tras su renuncia como ministro de La Corte, Zaldívar se sumó al equipo de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición «Sigamos haciendo historia». Desde 2019, el exministro denunció al expresidente Felipe Calderón de presionarlo para resolver de manera favorable para el Gobierno del panista, los casos del incendio de la Guardería ABC en Sonora y el de la francesa Florence Cassez, quien fue acusada de secuestro y exonerada.
