En medio de los debates por la Reforma Judicial, la Relatoría Especial de la ONU, solicitó al Gobierno de México que explique de qué manera se garantizarán los principios del derecho internacional y el acceso a la justicia no politizado tras la aprobación de la iniciativa.
Margaret Satterthwaite, relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), externó su preocupación por la Reforma Judicial de México, que propone la elección de jueces y magistrados por votación popular, ya que podría vulnerar la independencia estos. Este lunes, el dictamen se discute en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
«Mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial», expresó la diplomática en la red social X.
Satterthwaite publicó un documento desde Génova, Suiza, fundamentado en la resolución 53/12 del Consejo de Derechos Humanos, en el que advirtió que el paquete de iniciativas, que incluye a la Reforma Judicial, socava «la independencia de la judicatura mexicana», en particular, en el caso de las cortes federales.
La relatora expresó preocupación porque la reforma se lleve a cabo en un contexto en el que los jueces son víctimas de ataques verbales y amenazas por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Según la relatora, la elección directa de jueces y magistrados, así como la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), puede resultar en procesos de campañas sin regulación.
Satterthwaite señaló que la reforma judicial pondrá en riesgo la independencia judicial que le permite ser contrapeso de otros poderes ante el atropello de los derechos humanos.
El derecho internacional establece que la elección de jueces debe garantizar la independencia judicial y el Estado debe proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política. Además, los jueces deben ser elegidos por una autoridad independiente con base en sus calificaciones, su integridad e idoneidad.
Sin embargo, al elegir por votación a los jueces por voto popular, las consideraciones políticas podrían superponerse a las aptitudes del candidato. En este contexto, podrían surgir preocupaciones de desconfianza.
La Reforma Judicial no especifica criterios para la elección de candidatos, ni el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de la elección. No proporciona mecanismo transparentes para verificar que los candidatos cumplan con los requisitos de formación y releva la responsabilidad de verificar estos atributos al Senado de la República, una entidad política, que lejos democratizar el proceso, alejará a la sociedad civil de tomar parte en la selección, además de que se incrementa el riesgo de «captura política» del Poder Judicial.
Los candidatos a jueces y magistrados pueden intentar complacer a los votantes o patrocinadores de campaña con el fin de obtener la mayoría de sufragios en vez de acotarse a principios jurídicos.
Por estos motivos, la relatora solicitó al Gobierno de México que explique las medidas que tomarán para asegurar que la Reforma Judicial permitirá el cumplimiento de los estándares internacionales; un procedimiento de selección de jueces no politizado, fundamentado exclusivamente en méritos y aptitudes; así como las medidas para garantizar la independencia de los jueces y magistrados; y que el Poder Judicial permitirá el acceso a la justicia para todos.
