La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña y la jueza de morelos, Martha Eugenia Magaña López promueven recursos a vapor para intentar detener a toda costa la aprobación de la Reforma Judicial.
La jueza de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, concedió un amparo definitivo para frenar el avance de la Reforma Judicial en el Congreso de la Unión. La suspensión impide que el dictamen sea aprobado en el Senado y enviado a los congresos locales hasta que se resuelva el caso.
El 31 de agosto, la jueza aprobó una suspensión provisional para frenar la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados que fue desacatada por los legisladores. El vicepresidente de la cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna, de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una solicitud de juicio político en contra de la jueza y del juez Felipe Consuelo Soto por imponer la suspensión, pero fue pausada por el diputado Ricardo Monreal.
El Senado tiene previsto iniciar la discusión y votación de la Reforma Judicial la semana entrante. Sin embargo, se ha señalado que Morena aún requiere obtener un voto de la oposición para lograr la mayoría calificada.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) no se oponen a una reforma del sistema judicial pero sí a la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que consideran que perderán prestaciones y se eliminará la carrera judicial debido a que se propone el voto de jueces y magistados por voto popular.
NORMA PIÑA ABRE CONSULTA
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este jueves una consulta para que el Pleno determine si puede interrumpir el avance de la Reforma Judicial en el Congreso de la Unión. En medio de intensas protestas y un paro nacional, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) solicitó a la Corte que frenara la iniciativa bajo el argumento de que la Corte puede atraer el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados y declararlo inconstitucional antes de que culmine el proceso de votación el Poder Legislativo.
Norma Piña determinará si la solicitud de la Jufed es procedente a partir de los resultados de dos consultas que fueron turnadas a la ministra Lenia Batres, quien deberá redactar los proyectos de resolución a pesar de que ha manifestado abiertamente su apoyo a la iniciativa.
