Alessandra Rojo de la Vega llegó a la política desde el activismo de género. Sin emgargo, será sancionada por ejercer violencia contra su adversaria Catalina Monreal. Los contrastes abuandan en su perfil: a pesar de haber llevado un cargo de Desarrollo Social, prometió desplazar al campamento migrante a las afueras de la ciudad y después de denunciar un presunto intento de feminicidio, defendió a su agresor, lo que llevó a las autoridades a revelar la línea de investigación respecto a un presunto montaje.
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) anuló la elección de la alcaldía Cuauhtémoc donde Alessandra Rojo de la Vega, excandidata de la coalición PAN-PRI-PRD, fue declarada alcaldesa electa. El fallo tuvo lugar después de una serie de impugnaciones presentadas por Catalina Monreal Pérez, excandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien también es hija del diputado Ricardo Monreal.
Rojo de la Vega ganó la elección en la alcaldía Cuauhtémoc con más 156 mil votos frente a 145 mil que obtuvo Monreal Pérez. Sin embargo, desde el periodo poselectoral, ambas candidatas han mantenido una disputa y solicitado el recuento de los votos. Además, la morenista presentó dos quejas en contra de su adversaria por presunta violencia política de género. Este sábado, los magistrados resolvieron con dos votos a favor, dos votos en contra y el voto de calidad del presidente del tribunal, la anulación de la contienda y la imposición de una sanción económica a Alessandra Rojo.
“El TECDMX, específicamente el compadre criminal, atropella la libertad y democracia de las y los ciudadanos en la Cuauhtémoc. Es lamentable que su cobardía lo lleve a robarse una elección que se ganó con mucho corazón contra ese sistema corrupto que detestamos», declaró Rojo de la Vega.
De acuerdo con Catalina Monreal, el tribunal habría impuesto una multa por 27 mil pesos a su adversaria. Rojo será incorporada al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tras probarse que incurrió «sistemáticamente en agresiones que tuvieron como consecuencia desestimar o demeritar” su candidatura. Los también magistrados ordenaron anular la designación de concejales por representación proporcional para el PAN-PRI-PRD.
DESPLAZAR A LOS MIGRANTES
Alessandra Rojo de la Vega será integrada al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, una sanción que contrasta con su figura de activista y defensora de las mujeres. Una de las organizaciones que presidió fue “No es una, somos todas, A.C”, que combate la falta de equidad de género.
Durante el periodo de campaña, Rojo también propuso desplazar a la periferia de la ciudad al campamento migrante, una acción que tampoco se alinea con los principios asistencialistas que los cargos que ha ocupado en la función pública. La excandidata del PAN-PRI-PRD se desempeñó como directora general de Desarrollo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Coordinaré para reubicar el campamento migrante cuanto antes fuera de nuestra área metropolitana, como se hace en los países donde impera la ley y el orden.#CambioDeVerdad @lajuarezDF @LaColoniaJuarez pic.twitter.com/5szBdD6eI1
— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) April 17, 2024
Rojo de la Vega quiso trasladar al campamento migrante a las afueras de la Zona Metropolitana como una de sus promesas de campaña. Según indicó, el asentamiento no contaba con legalidad, ni seguridad, por lo que una de sus promesas fue reubicarlo en caso de ganar la elección como ocurre en países de Europa y los Estados Unidos.
“En la alcaldía Cuauhtémoc se ha instalado un campamento migrante que no tiene legalidad, orden ni seguridad, que en lugar de ayudarles a solucionar su situación, la han empeorado. Algunos se han aprovechado de la inacción del gobierno de Morena para camuflajearse entre los migrantes y despojar a las y los vecinos de sus propios espacios públicos. No lo vamos a permitir, quiero ser muy clara en este punto, seré respetuosa de los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, ningún campamento migrante es legal ni tampoco digno. Me coordinaré para reubicar el campamento migrante cuanto antes, fuera de nuestra área metropolitana, como se hace en los países donde impera la ley y el orden”, dijo Rojo de la Vega en el primer debate.
La organización Verificado consideró que las expresiones de Rojo de la Vega generaban desinformación y fomentaban xenofobia. La ilegalidad del campamento que alegó la excandidata se contrapone al artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
«Estas retóricas sin sustento que advierten que las personas migrantes y sus campamentos son ilegales ha provocado que circulen y hasta se viralicen desinformaciones cargadas de racismo, clasismo y xenofobia», sostuvo la organización.
POLÉMICO ATENTADO
El 11 de mayo, se reportó un presunto atentado contra la entonces candidata de la coalición PAN-PRI-PRD. Unos sujetos dispararon contra un vehículo en el que viajaba, la noche anterior del tercer debate entre candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Tras el presunto atentado, fueron arrestados y vinculados a proceso, Juan David «N» y Juan Carlos «N», y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación. En junio, el fiscal Ulises Lara informó que los sujetos fueron arrestados durante un cateo en Ecatepec, Estado de México. En el cateo fueron recuperados los cascos de motociclista que habrían utilizado el día del atentado, así como un vehículo presuntamente implicado en el delito y un arma de fuego.
Lara también indicó que uno de los presuntos agresores admitió que recibió dinero a cambio de realizar el ataque a la excandidata “Fue un acto realizado mediante pago», expresó.
Sin embargo, el caso dio un giro inesperado un mes más tarde. En una segunda declaración, Ulises Lara señaló que pudo tratarse de un “ataque cuidadosamente preparado para aparentar que se trató de un atentado”. La revelación del fiscal local tuvo lugar dos días después de que Rojo de la Vega mencionó que uno de los implicados, de nombre Juan «N», obtuvo un amparo tras denunciar que fue torturado para declarar.
Lara sostuvo que la versión de Rojo de la Vega era falsa y que no tenía pruebas para señalar a la Fiscalía local de falsificar el testimonio en el caso de su atentado y que el Ministerio Público contaba con elementos sólidos para establecer que Juan «N» disparó sin intentar atentar contra la vida de Rojo de la Vega.
“Resulta por demás extraño que sea la propia denunciante quien defienda a su posible agresor. También genera suspicacia que sea ella misma quien se aventure a dar conclusiones de una investigación que se encuentra en curso y que todo apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado para aparentar que se trató de un atentado”, afirmó Lara.
