La Fiscalía General del Estado de Sinaloa logró vincular a proceso al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y a varios funcionarios del comité de adquisiciones por delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular, en un caso relacionado con la compra de materiales sin licitación. Las irregularidades, que involucran a la empresa de César Abraham “C.”, esposo de una funcionaria universitaria, suman más de $27 millones de pesos en adquisiciones realizadas entre 2021 y 2022.
El 27 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa logró obtener un auto de vinculación a proceso en contra del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Maadueña Molina y miembros del comité de adquisiciones de la institución, correspondientes a los periodos 2021 y 2022. Los cargos incluyen ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, relacionados con la adquisición de diversos materiales sin licitación pública.
Las investigaciones revelaron que la UAS adquirió materiales de electricidad, plomería y construcción a través de la empresa Especialistas Comerciales del Noroeste de México, propiedad de César Abraham “C.”, esposo de Yareli “L.”, secretaria académica de la Facultad de Informática de la UAS. El empresario es también dueño de otras compañías que proveen bienes a la universidad, lo que constituyó una red de proveedores que facturaban a precios superiores al valor de mercado.
La causa penal 1034/2024, derivada del cuadernillo penal 66/2024, culminó con la vinculación a proceso de Jesús “M.”, Soila Maribel “G.”, Jorge “P.”, Óscar Orlando “G.”, Salvador “P.” y Héctor Melesio “C.”, ex director de Bienes y Suministros de la UAS. Cabe destacar que Héctor Melesio “C.” es hijo del ex rector de la universidad, Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado el 25 de julio pasado en Culiacán, Sinaloa, en medio de la revuelta por la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López.
Como medidas cautelares, a los imputados se les impuso la presentación mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y la prohibición de salir del país. Además, Jesús “M.”, Soila Maribel “G.” y Jorge “P.” fueron suspendidos temporalmente de sus cargos.
El juez de control, tras evaluar las pruebas presentadas por la FGE, determinó que había indicios suficientes para proceder contra los acusados. Entre las pruebas se encuentran facturas emitidas por la UAS a favor de Especialistas Comerciales del Noroeste de México por un monto total de $27.6 millones de pesos entre 2021 y 2022. Estos pagos, que debieron haberse realizado mediante licitación pública, se hicieron sin seguir los procedimientos legales, lo que causó un perjuicio al erario público.
César Abraham “C.”, dueño de la empresa proveedora, ha colaborado con la FGE, entregando documentos como estados de cuenta y facturas que confirman las transferencias realizadas por la UAS. Sin embargo, los funcionarios de la universidad han mostrado resistencia a proporcionar la información solicitada por las autoridades.
La Fiscalía enfatizó que esta acción judicial no vulnera la autonomía universitaria, ya que los implicados son servidores públicos y la UAS, al ser un organismo descentralizado del Estado, está sujeta a las leyes que regulan las adquisiciones de bienes y servicios. La investigación continuará durante los próximos tres meses, periodo fijado para el cierre de la indagatoria complementaria.
