El padre Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos y párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue asesinado este domingo tras enfrentar amenazas constantes y una creciente persecución por su incansable labor en defensa de los pueblos indígenas y su oposición al crimen organizado. Incluso, le pusieron precio a su cabeza de hasta un millón de pesos.
El sacerdote y defensor de los derechos humanos, Marcelo Pérez Pérez, fue atacado este domingo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras oficiar una misa en el Barrio de Cuxtilali. Sujetos en motocicleta dispararon repetidamente contra su vehículo, ocasionando su muerte de inmediato. Este trágico evento pone de relieve el constante riesgo que enfrentaban aquellos que, como el padre Marcelo, se oponen al crimen organizado y luchan por la justicia en un entorno marcado por la violencia.
A pesar de haber recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2015, las amenazas contra su vida se intensificaron en los últimos años. En una entrevista exclusiva que cocnendió a El Sol de México, el sacerdote explicó que vivía bajo amenazas ya que se enfrentó al crimen organizado, cuya violencia escaló en los últims meses. En sus propias palabras, el padre Marcelo advirtió que «Chiapas es una bomba de tiempo» y que la violencia, impulsada por el crimen organizado, seguía en aumento.
“Chiapas está en peligro, se le quiere someter con el crimen organizado, y en ese aspecto donde antes se luchaba en defensa de la tierra y el territorio por medio de las peregrinaciones, oración y ayuno, ahora entra el crimen organizado, desde Chicomuselo donde nos tocó defender la tierra de la minería, ahora con la delincuencia nos obligan a cambiar de método para defender el territorio”, dijo el párroco.
“Si tengo que dar la vida por defenderla, estoy dispuesto”, declaró el sacerdote, quien también se mostró preocupado por la creciente criminalización de los defensores de derechos humanos. Aunque su labor estaba bajo la constante amenaza, él persistió en su búsqueda de la paz y la justicia. Las amenazas contra el sacerdote llegaron al punto de que le pusieron precio a su cabeza de hasta un millón de pesos, según relató.
“He luchado en contra de las injusticias, luchamos por la paz, en Simojovel le pusieron precio a mi vida 150 mil, 400 mil, un millón de pesos, pero vivimos bajo la protección de Dios, hay mucha violencia pero seguimos construyendo la paz. Hemos acompañado a los desplazados, me ha tocado mediar para liberar a funcionarios públicos”, afirmó.
El asesinato del padre Marcelo Pérez no solo representa una gran pérdida para la comunidad católica y los pueblos indígenas de Chiapas, sino que también subraya la urgente necesidad de abordar la violencia que afecta a quienes defienden los derechos humanos en México. Su legado de lucha por la justicia y la paz permanecerá en la memoria de aquellos a quienes sirvió y defendió hasta el final.
El padre Marcelo, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe y oriundo de la comunidad de San Andrés Larráinzar, dedicó su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En entrevista con El Sol de México en agosto, expresó: “La lucha contra la injusticia es y será permanente en Chiapas, aunque cueste la cárcel o la vida”. A lo largo de su trayectoria pastoral, siempre se mantuvo firme en su convicción de que no había hecho daño a nadie, sino que había protestado contra las injusticias y defendido la vida.
Marcelo, hijo de padres indígenas tzotziles que no sabían leer ni escribir, fue educado por el sacerdote Diego Andrés en un internado. Fue en este entorno donde descubrió su vocación sacerdotal, que más tarde estudió en Tuxtla Gutiérrez. Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, ahora Cardenal, lo invitó a regresar a su diócesis, donde comenzó su incansable labor.
Con más de dos décadas de servicio pastoral, el padre Marcelo se convirtió en un referente para la comunidad, caminando junto a los pueblos y conectando su corazón con ellos. «Acteal marcó mi vida», comentó, aludiendo a la masacre de Acteal en 1997, que dejó profundas heridas en la comunidad indígena. Su compromiso con la defensa de la vida y el territorio lo llevó a mediar en conflictos y acompañar a comunidades desplazadas por la violencia del crimen organizado.
