La Fiscalía General de Querétaro anunció el sobreseimiento del caso en el que una menor de 14 años, víctima de violación, enfrentaba cargos penales por el presunto homicidio de su bebé recién nacido. El acuerdo fue anunciado tras un diálogo sostenido entre Citlalli Hernández, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien expresó en redes sociales que el objetivo era «proteger los derechos de la menor y garantizarle justicia.»
“Porque repetirlo este caso devela muchísimas violencias estructurales que me parece que a todas y a todos nos toca combatir”, señaló Citlalli Hernández en un video publicado en sus redes, en el cual agradeció la disposición del fiscal para buscar acuerdos que pongan en el centro los derechos de la menor. La funcionaria informó que la Fiscalía desistió de los cargos, acción que atribuyó a la colaboración del actual fiscal y al diálogo constante entre autoridades federales y locales.
El caso se había vuelto mediático luego de que Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, A.C., denunciara que la Fiscalía solicitó la reclusión de la menor en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes del estado por un aborto espontáneo sufrido tras una violación, además de una reparación económica al agresor. Según la activista, la Fiscalía había pedido una pena de tres años de prisión para la menor y una compensación de más de 300 mil pesos al “padre del producto”.
El fiscal Hernández, en respuesta aseguró que se aplicaría una perspectiva de género y de infancia en la resolución. “Específicamente pudimos de determinar que lo importante era evitar una vulneración mayor a la esfera jurídica de la persona y eventualmente por esa razón se tomó a bien la determinación de solicitar el desistimiento de la acción penal con la finalidad de que se sobresea y se dé por concluido el asunto ”, afirmó.
Hernández justificó que el caso se mantuviera abierto contra la menor al sostener que la carpeta de investigación se integró antes de que iniciara su gestión. «Este asunto fue un asunto que se inició con anterioridad al inicio de mi gestión específicamente la integración de la carpeta de investigación y la judicialización no fue un tema que se haya realizado dentro del periodo de mi gestión pero no obstante nosotros estamos verificando que se cumpla con lo establecido en la legislación aplicable», sostuvo el fiscal.
En una entrevista previa, Hernández había explicado que buscaba sentenciar a la menor porque contaba con pruebas periciales de que se había llevado a cabo un estrangulamiento. Ahora, ha dado un cambio de versión al sostener que la carpeta se integró antes de su gestión.
“Creo que nosotros pudimos constatar. Es que la causa del fallecimiento fue por estrangulamiento es decir, específicamente tuvo una asfixia por estrangulamiento que es una información que incluso ya había sido compartida en su momento por declaraciones del propio Poder Judicial del Estado de Querétaro el bebé nació vivo, respiró nosotros agotamos las pruebas periciales las integramos en la carpeta de investigación correspondiente y pudimos elemental que respiró”, aseguró el fiscal en entrevista con Cambio.
Asimismo, ambos funcionarios anunciaron la implementación de una investigación interna en la Fiscalía para revisar el manejo de este caso, iniciado bajo una administración anterior. «iniciar los procedimientos al interior de la Fiscalía por conducto de la Contraloría con la finalidad de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables a cargo de los servidores públicos que participaron”, explicó Hernández.
En tanto, Hernández agradeció el respaldo del gobierno estatal y federal en las mesas de trabajo. También adelantó que, como parte del acuerdo, se firmará un convenio entre la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía de Querétaro para asegurar que futuros casos de violencia contra menores y mujeres sean abordados con perspectiva de género.
Al cierre de su mensaje, Citlalli Hernández hizo un exhorto al Congreso de Querétaro para legislar en favor de la despenalización del aborto, indicando que la criminalización de mujeres y niñas por cuestiones de salud debe ser revisada para alinearse con los derechos y directrices establecidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
