Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, planea apelar su sentencia de 460 meses (38 años) de prisión. Su abogado, César De Castro, anunció que presentará nueva evidencia que, según él, no fue adecuadamente considerada por el juez durante el juicio. La apelación se presentará en un plazo de 14 días.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, planea apelar su sentencia de 460 meses de prisión impuesta hoy por el juez de distrito de Estados Unidos, Brian M. Cogan. Su abogado, César De Castro, anunció que el equipo legal presentará una impugnación basada en nueva evidencia que no fue considerada adecuadamente durante el juicio.
“Hoy fue un día muy importante para nosotros, es un paso necesario para nuestra apelación. Todos sabemos que presentamos mociones con nueva evidencia. No estamos de acuerdo con la decisión del juez en torno a la nueva evidencia, misma que será gran parte de nuestra impugnación«, declaró De Castro a los medios tras la audiencia.
El abogado indicó que la apelación se presentará 14 días después de que la sentencia sea admitida por la Corte, expresando su inconformidad con la afirmación de Cogan, quien describió a García Luna como un individuo que llevó una «doble vida».
Detalles de la Sentencia
La sentencia de García Luna, que incluye una multa de 2 millones de dólares, se deriva de su colaboración con el Cártel de Sinaloa, donde recibió sobornos millonarios a cambio de facilitar la importación de narcóticos a los Estados Unidos. En un juicio que duró cuatro semanas, se demostró que entre 2006 y 2012, García Luna utilizó su posición para permitir que el cártel operara sin obstáculos, recibiendo pagos en efectivo en diversas ubicaciones.
El fiscal de EU para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, resaltó la importancia de la sentencia: «La sentencia de hoy de Genaro García Luna es un paso fundamental para defender la justicia y el estado de derecho. Su traición a la confianza pública y a la gente que juró proteger resultó en la importación de más de un millón de kilogramos de narcóticos letales a nuestras comunidades y desató una violencia incalculable aquí y en México«, afirmó Peace, subrayando que «nadie, independientemente de su posición, está por encima de la ley».
Reacciones de las Autoridades
Anne Milgram, administradora de la DEA, y Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), también expresaron su satisfacción con el veredicto. Milgram afirmó que «la sentencia de hoy del ex Secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, envía un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que usan sus posiciones de poder para ayudar a los cárteles: ninguna cantidad de poder los protegerá de la justicia«. Berger enfatizó que «HSI continúa con su compromiso conjunto de interrumpir y desmantelar las redes criminales responsables de traer narcóticos mortales a EU».
Contexto del Caso
García Luna, quien ocupó su cargo de 2006 a 2012, fue declarado culpable en febrero de 2023 de varios cargos, incluyendo conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína. Las pruebas presentadas durante el juicio incluyeron testimonios de exmiembros del cártel sobre su colaboración, así como evidencias de que facilitó el paso seguro de cargamentos de droga a cambio de sobornos.
La Policía Federal bajo su mando actuó como guardaespaldas del cártel, permitiendo que sus miembros operaran con impunidad. A medida que el cártel crecía en poder, los montos de los sobornos que García Luna recibió también aumentaron, con pagos entregados en varias ubicaciones, incluyendo una «casa de seguridad» en la Ciudad de México y un restaurante francés cercano a la Embajada de EU.
Además, se reveló que García Luna intentó sobornar a otros reclusos para que brindaran falso testimonio en un intento de revocar el veredicto del jurado, lo que resultó en una acusación adicional por obstrucción de la justicia.
La investigación estuvo a cargo de la New York Strike Force, una unidad que comprende agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley, apoyada por el Organized Crime Drug Enforcement Task Force y el New York/New Jersey High Intensity Drug Trafficking Area.
Este caso destaca no solo la corrupción en las altas esferas del gobierno mexicano, sino también el compromiso de las autoridades estadounidenses para combatir el narcotráfico y la impunidad, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de la corrupción en la función pública.
