Durante una audiencia celebrada en el Tribunal de Distrito Este de Nueva York, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años y 8 meses de prisión por el juez Brian Cogan debido a su vinculación con el Cártel de Sinaloa. Esta decisión se produce tras ser declarado culpable en 2023 por un jurado de tres cargos de conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por hacer declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses, después de un juicio que se extendió por cinco semanas.
La defensa de García Luna había solicitado una sentencia de 20 años, con la esperanza de evitar una condena de cadena perpetua. Se espera que García Luna apele la sentencia. Además de la pena de prisión, el juez le impuso una multa de 2 millones de dólares por «ayudar durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos».
García Luna, originario de la Ciudad de México y nacido el 10 de julio de 1968, es un ingeniero mecánico y político que ocupó altos cargos en áreas de seguridad en el gobierno de México, siendo titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Antes de su arresto el 10 de diciembre de 2019 en EU, se desempeñó en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la exProcuraduría General de la República.
Las acusaciones en contra de García Luna surgieron durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, conocido como «El Chapo», líder del Cártel de Sinaloa, quien fue condenado a cadena perpetua en 2019. En ese proceso, «El Chapo» reveló que García Luna había sido miembro del cártel desde 2001 y que le había entregado sobornos en maletas que contenían cerca de seis millones de dólares en efectivo entre 2005 y 2007, con el fin de facilitar el trasiego de droga hacia Estados Unidos.
El Fiscal Federal Breon Peace comentó sobre la sentencia, afirmando que representa un paso fundamental en la defensa de la justicia y el estado de derecho. “Su traición a la confianza pública y a las personas a las que juró proteger dio lugar a la importación de más de un millón de kilogramos de narcóticos letales a nuestras comunidades y desató una violencia incalculable aquí y en México. Esta sentencia envía un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley”, declaró.