Arturo Ávila, diputado y vocero del Grupo Parlamanetario de Morena, pidió a las autoridades que inicien una investigación en contra de Felipe Calderón, Ricardo Anaya y Marko Cortés para determinar si hubo ilegalidades en la relación del PAN con las empresas de Genaro García Luna. Y sostuvo que el PAN podría perder el registro si se demuestra en una carpeta de investigación que la relación de transferencias de recursos tuvo que ver con fines de espionaje o con fines relacionados con el crimen organizado
Este miércoles, el diputado federal y vocero del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Arturo Ávila Anaya, encabezó una conferencia de prensa en la que abordó la reciente condena del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
Ávila calificó este hecho como un «momento histórico para México», destacando que García Luna no solo fue un funcionario público, sino el brazo derecho del expresidente Felipe Calderón durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En su intervención, el diputado afirmó que el exmandatario era consciente de las actividades delictivas de su colaborador cercano, por lo que reiteró que Calderón debe ser juzgado por su complicidad en estos hechos.
«Es imposible pensar que un presidente que además tenía ya información de un subsecretario de la defensa de que su mano derecha era cómplice del crimen organizado específicamente de un cártel» , expresó Ávila.
El diputado también desmintió las declaraciones de algunos opositores que han señalado que García Luna fue condenado únicamente con base en testimonios. Ávila aseguró que la Fiscalía de Estados Unidos presentó un expediente sólido que incluía más de 60,000 documentos de prueba, entre ellos, transacciones financieras, informes y mensajes.
En su discurso, Ávila recordó que, en 2007, el entonces subsecretario de la Defensa, el general Tomás Ángeles, advirtió personalmente a Calderón sobre los vínculos de García Luna con el crimen organizado. Sin embargo, según el legislador, en lugar de actuar en consecuencia, Calderón despidió y encarceló al general con cargos falsos, de los que ya fue exonerado.
En cuanto al Partido Acción Nacional (PAN), Ávila destacó la relación financiera entre el partido y las empresas de García Luna. Citó un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera que documenta una transferencia millonaria del PAN a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad de García Luna. Este vínculo fue negado inicialmente por el dirigente del partido, Marko Cortés, quien luego admitió la existencia de ese contrato.
Ávila planteó dos acciones que Morena considera necesarias: la apertura de una investigación contra los dirigentes del PAN involucrados, incluyendo a Ricardo Anaya y Felipe Calderón, y la posible cancelación del registro del partido si se demuestra su participación en actividades del crimen organizado.
«Acción Nacional incluso podría perder su registro. Si se demuestra en una carpeta de investigación que la relación de transferencias de recursos tuvo que ver con fines de espionaje o con fines relacionados con el crimen organizado”, concluyó el diputado.
En el marco del juicio de Genaro García Luna, ha salido a la luz información que involucra directamente al expresidente Felipe Calderón y otros personajes cercanos al exsecretario de Seguridad. Se cuestiona la millonaria asignación de contratos a García Luna y las actividades de espionaje vinculadas a su empresa, lo que plantea dudas sobre las operaciones encubiertas del gobierno de Calderón y del PAN durante su mandato.
Uno de los temas más controvertidos es la transferencia de recursos a García Luna, sobre la cual varios actores políticos, como Marko Cortés y Ricardo Anaya, han evitado ofrecer explicaciones claras. A pesar de los múltiples señalamientos y las condenas que pesan sobre García Luna por delitos relacionados con el narcotráfico y espionaje, hasta ahora no se han iniciado investigaciones de oficio contra estos actores políticos. La insistencia en investigar la materialidad de los contratos otorgados a García Luna por parte del PAN sugiere que estas transacciones podrían haber tenido fines oscuros, como el espionaje dentro de la misma estructura del partido y posibles vínculos con el narcotráfico.
El diputado de Morena, al respecto, cuestionó abiertamente el desconocimiento de Felipe Calderón sobre las actividades ilícitas de su exsecretario, afirmando que es imposible que no supiera de las acciones de su mano derecha, especialmente tras las advertencias que le fueron hechas por un subsecretario de la Defensa. El señalamiento directo al expresidente y a otros miembros del PAN se suma a la exigencia de que se inicie una investigación formal en su contra y que no se limite a declaraciones públicas sin consecuencias jurídicas.
Otro punto crucial es la ausencia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien ha sido criticado por no dar seguimiento a estos casos y por su aparente inactividad en temas de alto impacto, como el juicio de García Luna. Las investigaciones relacionadas con los nexos entre García Luna, el espionaje y los contratos millonarios siguen siendo un enigma, mientras que la oposición política mantiene una postura de distanciamiento y evasión.
Finalmente, se plantean cuestionamientos sobre la figura de Omar García Harfuch, actual responsable de la seguridad en la administración de Claudia Sheinbaum, quien ha sido señalado por haber trabajado en áreas de inteligencia durante el periodo en que García Luna estuvo en funciones. Aunque Harfuch ha negado cualquier vínculo directo con las acciones de García Luna, el debate sobre cómo blindar a los responsables de seguridad frente a la infiltración del crimen organizado continúa siendo un desafío crucial para la próxima administración.
En medio de la creciente presión política, se ha solicitado que Felipe Calderón sea llamado a declarar, considerando «increíble» que no estuviera involucrado en las acciones de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, actualmente condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos. El legislador que impulsó esta iniciativa también destacó la relación contractual entre el PAN y las empresas vinculadas a García Luna, señalando la necesidad de investigar a fondo dicho contrato.
El primer paso, según expresó el legislador, sería una investigación clara de la presunta utilización de herramientas de espionaje por parte del PAN, mismas que, al parecer, fueron contratadas a través de las empresas del exfuncionario. Si se confirma la relación entre el partido y las actividades ilícitas, habría que valorar la posible cancelación del registro del PAN, acción que, según el legislador, estaría fundamentada en las carpetas de investigación del gobierno de Estados Unidos.
Además, el legislador argumentó que el juicio llevado a cabo en Estados Unidos fue una decisión acertada, ya que evitó una narrativa de persecución política por parte del gobierno mexicano. De haberse llevado a cabo en México, dijo, Acción Nacional probablemente habría alegado que el juicio fue fabricado con fines políticos.
El legislador subrayó la importancia de investigar también el rol de Felipe Calderón en la expansión de la violencia en México, especialmente a partir de la decisión de sacar al ejército de los cuarteles sin una estrategia clara, lo que calificó como una militarización fallida. Además, mencionó la operación «Rápido y Furioso», a través de la cual ingresaron miles de armas a México, lo que, en su opinión, podría haber sido un mecanismo de Calderón y García Luna para armar a sus socios criminales.
Sobre las preguntas acerca de posibles acciones judiciales contra actuales senadores panistas como Ricardo Anaya y Marko Cortés, el legislador explicó que, de encontrarse pruebas de su involucramiento, se podrían iniciar juicios políticos. Sin embargo, aclaró que esto dependerá primero de las conclusiones de una investigación formal.
En cuanto a las críticas de que el gobierno estaría utilizando este caso como una «cortina de humo» para distraer la atención de otros problemas del país, como la inflación y la crisis económica, el legislador fue enfático al afirmar que el juicio de García Luna en Estados Unidos no fue iniciativa del gobierno actual, sino una condena derivada de un proceso judicial imparcial. Asimismo, aseguró que el país se encuentra en uno de sus mejores momentos, con importantes reformas constitucionales aprobadas y un tipo de cambio estable, señalando que «México avanza a marchas apresuradas».
«La Fiscalía General de la República el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera cuentan con elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio en contra de Marko Cortés de Ricardo Anaya y del propio Felipe Calderón deberían de ser citados para empezar a declarar y aclarar, cuál fue la relación y en qué términos de la dirigencia del Partido Acción Nacional con las empresas?
«Genaro García Luna por qué le pagaron un contrato millonario, cuál fue el concepto? Por qué lo ocultaron y lo negaron durante tantos años que es lo que se esconde detrás de la transferencia de recursos y por supuesto hay una serie de respuestas que tendría que estar contestando no solamente Felipe Calderón«, concluyó.
El proceso para la elección de Ministros, Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación ha sido suspendido temporalmente debido a que las autoridades deben determinar el estatus de al menos 100 suspensiones presentadas en contra de dicho proceso. Además, se ha presentado un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ante el Consejo de la Judicatura Federal, sin que hasta el momento se haya emitido una resolución.
Durante una reciente conferencia de prensa, un representante del grupo parlamentario de Morena mencionó la importancia de que el proceso se apegue estrictamente a la legalidad, enfatizando que “nadie está por encima de la ley”. El legislador destacó la integridad de la presidenta del país, asegurando que «predica con el ejemplo» y que el gobierno no está dispuesto a proteger a nadie en caso de que existan investigaciones en curso.
Investigaciones sobre posibles nexos criminales
En cuanto a las investigaciones que involucran a personajes de la política mexicana, el representante mencionó que ya se ha emitido una condena contra individuos vinculados con el crimen organizado, incluyendo figuras cercanas a un expresidente. Subrayó que las autoridades estadounidenses, incluidas la DEA y otras agencias, han abierto varias carpetas de investigación. Esto ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que en México se homologuen dichas sentencias, permitiendo la realización de juicios locales.
El legislador también señaló que se espera una respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las investigaciones, mencionando que es posible que ya exista una carpeta abierta en contra de Ricardo Anaya, Marko Cortés y otros personajes del PAN por su presunta relación con empresas vinculadas a Genaro García Luna, quien actualmente cumple condena en Estados Unidos.
Posible participación del INE en la elección de 2025
Finalmente, se refirió al papel del Instituto Nacional Electoral (INE) en las próximas elecciones, indicando que, a pesar de la suspensión del proceso de elección de jueces, la reforma electoral continuará avanzando y habrá elecciones en junio de 2025. Confió en que las decisiones del Consejo General del INE se llevarán a cabo conforme a los tiempos previstos, descartando cualquier retraso en la organización de los comicios.
