Durante una conferencia de prensa, Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública, detalló las estrategias preventivas y correctivas que guiarán la reestructuración de la dependencia, enfocándose en la transparencia, la dignificación del servicio público y la eliminación de intermediarios, con el objetivo de asegurar que los recursos públicos beneficien directamente a la población.
En una conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública, presentó la transformación de esta dependencia, ahora denominada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Este cambio, explicó Buenrostro, responde a la necesidad de aumentar la eficacia en la lucha contra la corrupción y mejorar los servicios públicos.
Buenrostro señaló que la nueva secretaría tendrá un enfoque tanto preventivo como correctivo, destacando la separación entre el poder político y económico como una clave para orientar los esfuerzos del gobierno en beneficio de la población, en lugar de favorecer a las élites.
Entre las medidas implementadas, resaltó la entrega directa de recursos de programas sociales, eliminando intermediarios, y la eliminación de la condonación de impuestos a grandes fortunas, práctica habitual en gobiernos anteriores. “Se acabaron los privilegios”, afirmó, subrayando la reducción del 11% en la percepción de actos de corrupción, la cifra más baja registrada.
La funcionaria también destacó la importancia de la transparencia con iniciativas como la «Mañanera del pueblo», que busca brindar información directa al público. Además, insistió en que la corrupción genera desigualdad, inhibe la inversión y debilita la confianza en las instituciones.
El objetivo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será prevenir la corrupción, dignificar el servicio público y modernizar la administración. «Entre mayor sistematización haya, hay menos tentación para la corrupción«, afirmó.
En sus primeros días, el gobierno ha priorizado la reestructuración de la administración pública para hacerla más eficiente y orientada a resultados. Esto incluye proyectos clave como el Tren Maya, el sector salud y la seguridad alimentaria, con énfasis en la transparencia y la eficiencia.
También se anunció una inminente reforma de las leyes de Adquisiciones y Obras para agilizar los procesos de contratación, promoviendo la competitividad a través de subastas, con reducciones de costos de hasta el 70%.
El gobierno busca además eliminar intermediarios, especialmente en sectores como la salud, y fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas en contratos gubernamentales, reduciendo la intermediación que tradicionalmente ha favorecido a grandes corporaciones.
En cuanto a la transparencia, se destacó la actualización del sistema CompraNet, que pronto dispondrá de información sobre contratos públicos desde 2012 a 2022. También se está trabajando en una nueva Ley General de Transparencia que incluirá a más entidades públicas para garantizar la imparcialidad en la gestión de la información.
Finalmente, se subrayó que la digitalización de trámites será fundamental para reducir la burocracia, hacer los procesos más ágiles y prevenir la corrupción. «Cerramos la puerta a la corrupción y combatimos la impunidad», concluyó el funcionario.
