El seminario sobre violencia y paz del Colegio de México (Colmex) evidenció la complejidad de la crisis de seguridad en México y la necesidad de una estrategia con un enfoque integral y coordinado que reconozca la naturaleza multifacética del problema en donde se reconozcan como causas el control territorial por parte del crimen organizado y las desapariciones forzadas.
En el reciente Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex), moderado por el académico Sergio Aguayo, se discutieron los retos que enfrenta la nueva estrategia de seguridad nacional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbuam. En este espacio de análisis, los expertos desmenuzaron los motivos por los que consideran que el crimen organizado ha rebasado al Estado y abordaron indicadores críticos como el control territorial ejercido por los cárteles y la creciente crisis de desaparecidos.
En esta edición, participaron Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, y la doctora Mónica Serrano, profesora del Colmex. La doctora Serrano enfatizó la necesidad de una verdadera coordinación entre el gabinete ampliado, las autoridades fiscales y los gobernadores, advirtiendo que el éxito lo definirá su capacidad para abordar las causas generadoras de violencia. Guerrero destacó que, por primera vez en la historia moderna de México, el secretario de seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, forma parte del círculo más cercano al presidente. Así mismo, señaló que es inédito que se busque una centralización del Poder Ejecutivo que no se había visto en décadas.
Serrano observó que el diagnóstico de la crisis de la violencia en la nueva estrategia se focaliza en cinco estados y algunos municipios, sin considerar otros indicadores cruciales, como las desapariciones forzadas. La desigualdad y la pobreza fueron identificadas como factores detonantes, aunque la académica subrayó que el reclutamiento forzado, una problemática documentada desde 2011, no se ha abordado adecuadamente.
Eduardo Guerrero señaló que en los últimos tres años años, el control territorial del crimen organizado aumentó, y se consolidaron las organizaciones criminales de mayor escala que son los cárteles de Jalisco y Sinalo, pero además, surgió una nueva organización que podría convertirse en el tercer cartel mexicano de grandes dimensiones, y que podría consolidarse en los próximos dos años: la Nueva Familia Michoacana, que opera en el centro del país.
Guerrero advirtió que la estrategia enfrenta dos obstáculos significativos: la guerra intestina del Cártel de Sinaloa y la Reforma Judicial, que podría complicar la judicialización de casos, obligando a las autoridades a ser creativas para no encontrar un obstáculo insalvable. Asimismo, indicó que la estrategia centrada en la reducción de homicidios omite problemas de control territorial que el crimen organizado ha establecido a través de la infiltración policial, cobrar impuestos criminales, y la intromisión en procesos electorales, que les ha permitido erigir en un “Estado paralelo”, con pleno control del territorio.
La doctora Serrano advirtió sobre el riesgo de politización de la seguridad, que trasciende la protección de aliados políticos. A diferencia de Italia y Colombia, donde se superaron crisis similares, México aún no comprende que el crimen organizado es un problema de Estado, no de partidos. Esta politización se refleja en la tendencia de atribuir la crisis a administraciones anteriores en lugar de reconocer su naturaleza sistémica.
Guerrero anticipó que el secretario de seguridad, García Harfuch, eventualmente ajustará la estrategia, destacando que la inclusión de la palabra «evaluación» en el Plan de Seguridad Nacional es un avance. Sin embargo, Serrano advirtió que la falta de una perspectiva local dificultará la consecución de objetivos a largo plazo, ya que la pacificación de regiones específicas dependerá de sinergias locales.
Guerrero estimó que entre el 15 y el 20% del territorio mexicano podría estar bajo el control de grupos criminales, basándose en la infiltración policial, la cobranza de impuestos criminales y la intromisión electoral.
Serrano planteó que México está militarizado a pesar de la negación del gobierno, señalando que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó una problemática herencia en las relaciones entre fuerzas militares y civiles. Guerrero consideró que la Guardia Nacional, creada de forma improvisada, no está preparada para asumir sus funciones, por lo que consideró positivo su reintegración a la Sedena esperando que sea sometida a una reingeniería adecuada.
Por último, tanto Serrano como Guerrero coincidieron en que las políticas de Estados Unidos en relación con armas y drogas afectan gravemente la seguridad en México. La crisis de violencia está profundamente enraizada en decisiones estadounidenses que trascienden la política nacional. Guerrero abogó por un tratado de seguridad con Estados Unidos y Canadá para mejorar las capacidades de México en inteligencia y armamento, enfatizando la importancia de la cooperación para mitigar la violencia y reconstruir relaciones.
CRISIS EN GUERRERO
El seminario también abordó la situación en Guerrero, donde el reciente asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue interpretado como una señal de escalada de violencia tras la ruptura de acuerdos entre grupos criminales y autoridades locales. Para Guerrero, Guerrero es uno de los estados más afectados por el control del crimen organizado, situación que podría replicarse en otras regiones del país, como Chiapas, Morelos y Durango.
El asesinato del alcalde de Chilpancingo es más grave de lo que parece para el especialista, porque recordó que hace 10 meses tuvo lugar una negociación entre obispos de la iglesia catolica y grupos criinales, con el aval del gobierno estatal, para negociar un reparto de zonas. Según el experto, el problema de asesinato de Arcos Catalén es que parece ser el inicio de una escalada de violencia en la que se rompieron los acuerdos, y es muy incierto lo que va a suceder, ya que no hay nisiquiera una hipótesis de que le paso al alcalde.