En un informe detallado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, acusó al Poder Judicial de frenar leyes clave y propiciar la impunidad en México. Con datos que revelan que el 28% de los reclusos en centros federales no ha recibido sentencia y más de 24,000 empleados del Poder Judicial tienen familiares dentro del sistema, Rodríguez resaltó los graves problemas de nepotismo y corrupción que afectan la impartición de justicia en el país.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, presentó un informe en el que señaló los excesos cometidos por el Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. La funcionaria expuso que integrantes del Poder Judicial han emitido resoluciones y amparos que frenan la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana, provocando impunidad y retrasos en la justicia.
Rodríguez Velázquez destacó que alrededor de 6 mil 97 personas, de un total de 21 mil privadas de la libertad en centros federales, no han recibido sentencia, lo que representa un 28 por ciento de los reclusos. En el caso del Centro Femenil de Morelos, mencionó que 415 de las mil mujeres recluidas han esperado entre uno y 17 años para recibir una sentencia, siendo el 34 por ciento de ellas quienes llevan entre nueve y 12 años en prisión sin resolución.
Asimismo, detalló que el Poder Judicial ha otorgado amparos y suspensiones que obstaculizan la implementación de leyes y políticas públicas. Entre los casos más notorios se encuentran 161 suspensiones a la Ley de la Industria Eléctrica, 25 al Fondo de Pensiones para el Bienestar y 717 en relación con la extinción de fideicomisos del propio Poder Judicial. También mencionó amparos relacionados con políticas como la entrega de libros de texto gratuitos, con 26 suspensiones, y áreas naturales protegidas, con 5 suspensiones.
En cuanto a las denuncias de corrupción y nepotismo, la secretaria mencionó que 49 por ciento del personal del Poder Judicial, equivalente a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar trabajando en esa institución. Además, subrayó que el 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen familiares dentro del Poder Judicial, destacando un caso particular en el que una persona cuenta con 26 parientes, incluidos magistrados, secretarios y actuarios.
Rodríguez Velázquez también señaló que, entre 2004 y 2023, se presentaron 38 mil quejas por parte del Ejecutivo, el Legislativo, ciudadanos y miembros del propio Poder Judicial. Sin embargo, el 86 por ciento de ellas fue desechado sin investigación, y solo 472 jueces y magistrados fueron sancionados. En cuanto a las sanciones, precisó que solo el 0.7 por ciento del total recibió un apercibimiento o amonestación, el 0.2 por ciento fue suspendido temporalmente, el 0.1 por ciento fue destituido, el 0.6 por ciento recibió inhabilitación, y el 0.04 por ciento, correspondiente a 14 jueces, fue sancionado económicamente.
Finalmente, la secretaria informó que, debido al paro judicial entre agosto y septiembre de 2024, se cancelaron 12 mil 448 audiencias, mientras que las órdenes de aprehensión y apelaciones pendientes han contribuido a la dilación de los procesos judiciales.
