Claudia Sheinbaum anunció que enviará una consulta al Congreso de la Unión para determinar la viabilidad de eliminar la publicación de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación, luego de que una jueza de distrito emitiera una suspensión definitiva al respecto. La presidenta argumentó que la reforma fue aprobada siguiendo los procedimientos constitucionales y que la Ley de Amparo no permite juicios contra modificaciones a la Constitución.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, tras la suspensión definitiva otorgada por una jueza de distrito, Nancy Juárez, para eliminar la publicación de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), enviará una pregunta al Poder Legislativo para clarificar si dicha eliminación es procedente.
En un discurso detallado, Sheinbaum explicó que la reforma, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió con todos los procedimientos que marca la Constitución. Hizo referencia al artículo 135, el cual establece que para que una reforma constitucional sea válida, debe ser aprobada por el Congreso de la Unión con dos terceras partes de los votos y posteriormente ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales.
Sheinbaum cuestionó la decisión judicial, indicando que el artículo 61 de la Ley de Amparo señala que los juicios de amparo no proceden contra reformas constitucionales. Expresó su preocupación por lo que implica la suspensión: «¿Qué quiere decir eliminar? ¿Que se rompa o borre la publicación?», preguntó, subrayando que nunca se había recibido una solicitud similar para retirar una publicación del Diario Oficial.
En su intervención, adelantó que la Consejería Jurídica formulará una pregunta al Congreso: «¿Es factible que una jueza pida esto, dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación?» Con esta acción, busca aclarar si la orden judicial tiene fundamento, al tratarse de un acto que afecta una disposición aprobada legalmente por el Poder Legislativo y ejecutada por el Ejecutivo.
Sheinbaum concluyó señalando que quienes violan el Estado de derecho son los jueces y magistrados que defienden sus propios intereses, mientras que su administración sigue actuando conforme a la ley.
