La Suprema Corte de Estados Unidos decidirá este viernes si procede la demanda que el Gobierno de México interpuso contra varios fabricantes de armas, a quienes acusa de facilitar la venta de armamento a cárteles de la droga. Este caso podría marcar un precedente en la responsabilidad de las empresas estadounidenses en la violencia que afecta al país vecino.
La Suprema Corte de los Estados Unidos acordó resolver este viernes si la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra importantes fabricantes de armas puede proceder. México responsabiliza a empresas como Smith & Wesson Brands por facilitar la venta de armas a los cárteles de droga que han exacerbado la crisis de violencia en el país.
Los fabricantes de armas solicitaron que se revoque un fallo que permitió que la demanda continuara. El 15 de agosto, los acusados pidieron a Scott S. Harris, secretario de la Suprema Corte, que desestimara las acusaciones contra un mayorista y un fabricante, argumentando que otros seis fabricantes ya habían sido excluidos del caso. No obstante, México aún puede apelar esas decisiones. El caso de Smith & Wesson Brands y un mayorista fue uno de los que la Corte agregó a su lista, cuyo nuevo periodo comenzará el lunes.
México exige miles de millones de dólares por daños
En 2021, el Gobierno mexicano demandó a siete fabricantes y un mayorista de armas en Estados Unidos, buscando que se les responsabilice por la violencia causada por los cárteles de la droga mexicanos, quienes adquieren la mayoría de sus armas en el país vecino.
Según la demanda, las empresas de armas de fuego en EU. «han participado en una serie de prácticas comerciales durante décadas, desde la venta de rifles semiautomáticos hasta la fabricación de cargadores con capacidad para más de diez balas, así como han sido omisos en la imposición de restricciones de venta, con lo que han facilitado el suministro de armas de fuego que forma parte de redes de contrabando a través de la frontera y, en última instancia, son utilizadas por los cárteles para cometer delitos».
El tribunal de distrito desestimó inicialmente el caso, citando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que generalmente prohíbe las demandas contra empresas de armas basadas en el mal uso de sus productos por parte de delincuentes. Sin embargo, el Primer Circuito revocó la decisión al considerar que la PLCAA no impide esta demanda, ya que México alega que las prácticas comerciales de los demandados han fomentado e instigado el tráfico de armas hacia los cárteles, afectando directamente país.
