En la tarde del miércoles pasado, el parque San Francisco de Tuxtla Gutiérrez, un refugio temporal para más de 300 migrantes de nacionalidad venezolana, se vio envuelto en un proceso de desalojo. Desde hace aproximadamente dos meses, el parque había sido habitado por estos extranjeros, quienes aguardaban pacientemente su cita con el CBP One, el sistema de citas para solicitar asilo en Estados Unidos.
El operativo de desalojo, ejecutado por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Chiapas, no se limitó a la notificación de la orden de retirada; a su alrededor, un aparatoso despliegue de fuerza pública desbordó el ambiente de incertidumbre que ya dominaba el parque. Las autoridades ofrecieron albergues temporales, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría de los migrantes. La negativa se fundamentaba en una amarga realidad: aquellos que aceptaran la oferta podrían verse forzados a separarse de sus familias.
La noticia del desalojo había comenzado a circular por el vecindario días antes, cuando los residentes, visiblemente preocupados por la permanencia de los migrantes en ese espacio público, decidieron reportar la situación. Para los migrantes, el parque San Francisco representaba mucho más que un simple lugar donde dormir; había sido un espacio de convivencia, un refugio temporal, aunque precario, en el que se habían adaptado a las circunstancias, formando una comunidad transitoria.
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de personal de limpieza, procedió al mismo tiempo a restaurar el espacio público. Barrieron, pintaron y podaron los árboles, un acto simbólico de recuperación de un espacio que, al menos por un tiempo, ya no podría albergar a quienes más lo necesitaban. Este desalojo se suma a otros similares que han tenido lugar en diferentes puntos de la ciudad, donde migrantes continúan esperando su turno para continuar su viaje hacia el norte. El gobierno local ha anticipado que se tomarán más medidas en los próximos días para «recuperar» otros espacios públicos, en lo que parece ser un esfuerzo por regular la presencia de esta creciente población migrante.
En Tuxtla Gutiérrez, como en otras ciudades de Chiapas, el número de migrantes varados sigue siendo alarmante. Se estima que aproximadamente 6 mil personas se encuentran en la capital chiapaneca, aunque la cifra varía constantemente debido a la llegada de nuevos grupos de migrantes provenientes de Suchiate y Tapachula. A pesar de las medidas que buscan disuadir su permanencia en los espacios públicos, la realidad para estos migrantes es inmutable: enfrentan la constante incertidumbre de un futuro incierto, a la espera de una oportunidad que podría nunca llegar.
