El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado al Gobierno español un paquete de ayudas de 31.402 millones de euros para implementar un plan de recuperación tras los devastadores efectos de la DANA en Valencia. Sin embargo, Mazón enfrenta una querella por supuesta negligencia en la gestión de la crisis, al ser acusado de omisión de deberes y de no actuar ante las advertencias meteorológicas.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado al Gobierno español un primer paquete de ayudas que asciende a 31.402 millones de euros. Este paquete está destinado a implementar 136 medidas de un plan de recuperación que busca reconstruir y mitigar los efectos devastadores de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en la provincia de Valencia. Al corte de este lunes, suman más de 200 personas fallecidas.
Mazón presentó su solicitud durante una comparecencia institucional en el Palau de la Generalitat, tras una reunión extraordinaria del pleno del Consell, donde destacó la importancia de actuar de manera conjunta ante la crisis. «No es momento de cálculos, sino que es la hora de las respuestas, de recursos, de hechos para recuperar el futuro», afirmó. Reconoció la «indignación» y la «rabia» que sienten los ciudadanos afectados, pero enfatizó que es esencial trabajar «unidos buscando soluciones y certezas».
Entre las ayudas requeridas se incluye un complemento de 15.000 euros para las 6.000 euros que la Generalitat otorgará a cada persona que haya perdido su vivienda a causa de la DANA, además de 1.464 millones para facilitar la compra de vehículos y para complementar las prestaciones del Consorcio de seguros. Mazón también solicitó el pago de prestaciones por dependencia y la renta valenciana de inclusión, así como una paga extra doble de 65 millones de euros para los más afectados. Asimismo, propuso una línea de ayudas de 2.687 millones de euros para la reconstrucción inmediata de infraestructuras públicas.
ACUSACIONES CONTRA MAZÓN
Carlos Mazon ha enfrrentado señalamientos por su atención tardía a la emergencia. Sin embargo, el presidente de la Generalitat ha sostenido que el Gobierno central y los mandos militares son los responsables de la atención de la catástrofe.
Durante una entrevista en la Cadena COPE, Mazón informó que había solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) antes de la «revolución meteorológica» que azotó la provincia. Esta petición inicial se limitó a los municipios de Utiel y Requena, donde las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del Río Magro, lo que hizo necesaria la intervención de la UME para llevar a cabo rescates.
Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desmintió las afirmaciones de Mazón, aclarando que no le corresponde a este organismo emitir alertas. En un comunicado, la CHJ explicó que «las confederaciones hidrográficas tienen entre sus competencias medir y proporcionar datos actualizados» sobre niveles de agua y pluviometría, pero la responsabilidad de emitir alertas recae en el servicio de emergencias autonómico.
A la situación ya complicada se suma la querella presentada por el partido Iustitia Europa contra Carlos Mazón ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Esta denuncia incluye cargos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, argumentando que Mazón mostró un «abandono absoluto» en la gestión de la emergencia provocada por la DANA, que ha causado más de 200 muertes y ha devastado varias localidades en la región.
La querella destaca que Mazón ignoró la gravedad de la situación y no solicitó la intervención de la UME hasta que las inundaciones ya se habían producido, además de omitir la Ley de Protección Civil y no solicitar un Estado de Alarma. «El deber del presidente Mazón era actuar y coordinar los recursos, no dejar que los ciudadanos enfrentaran solos una tragedia evitable», señaló Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa.
Este partido ya había presentado una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la gestión de la DANA, argumentando que omitieron funciones constitucionales al no declarar la situación como Emergencia Nacional, a pesar de las alertas rojas de riesgo extremo emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con días de antelación.
