La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó este martes un proyecto que podría invalidar aspectos clave de la Reforma Judicial publicada el 15 de septiembre. Propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el proyecto responde a acciones de inconstitucionalidad de diversos partidos políticos y cuestiona la elección popular de jueces y magistrados, generando un intenso debate entre los ministros sobre la legitimación y competencia para abordar la reforma.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo una sesión este martes en la que se analizó un proyecto de resolución presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este proyecto responde a las demandas de acción de inconstitucionalidad interpuestas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa.
El proyecto propone invalidar aspectos clave de la Reforma Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, que incluye la elección por voto popular de jueces de Distrito y magistrados de Circuito. Además, se busca cuestionar la remoción masiva de jueces y magistrados, el recorte salarial para estos funcionarios, la inatacabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina, el régimen aplicable a los poderes judiciales locales y la prohibición de suspender normas generales en el juicio de amparo.
Durante la discusión, el ministro Alberto Pérez Dayán expresó su desacuerdo con el proyecto y rompió el bloque al argumentar que la acción de inconstitucionalidad debería considerarse improcedente, refiriéndose a la legitimación y procedencia del caso.
«Por más que me trate de convencer a mi mismo de lo contrario, resolver el en sentido de lo que propone la propuesta, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez, equivalente a forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de institucionalidad”, afirmó.
La ministra presidenta, Norma Piña, defendió la naturaleza electoral de la reforma, destacando que este Alto Tribunal ha abordado el tema en un sentido amplio.
Por su parte, la ministra Lenia Batres propuso aplazar el estudio del asunto, aunque su iniciativa fue rechazada con nueve votos en contra. La ministra Loretta Ortiz Ahlf también se manifestó en contra del proyecto, argumentando que la SCJN no es competente para invalidar una reforma constitucional y señalando que los partidos accionantes carecen de legitimación para promover acciones de este tipo.
En la misma línea, la ministra Yasmín Esquivel destacó que los partidos políticos nacionales no deberían tener legitimación para impugnar normas que no les afectan directamente y que no son de su competencia. La discusión refleja una profunda división en la Corte sobre el alcance y la naturaleza de la reforma judicial y su posible inconstitucionalidad.
En días pasados, 8 ministros de la SCJN presentaron su renuncia al Senado de la República con la intención de no someterse a la votación extraordinaria del 2025.
