El estado de Texas ha tomado medidas para restringir la observación electoral por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tras un acuerdo que mantiene a los observadores fuera de los lugares de votación. Esta decisión se produce en el contexto de una serie de demandas presentadas por funcionarios republicanos que buscan limitar la intervención federal en los procesos electorales estatales.
El acuerdo, anunciado el lunes, establece que los observadores no podrán acceder a los centros de votación, lo que marca un cambio significativo en la dinámica electoral. Mientras tanto, una jueza federal en Missouri dictó que el Departamento de Justicia puede desplegar sus observadores en St. Louis, desestimando así una demanda similar de funcionarios estatales republicanos en ese estado.
Las acciones de Texas se inscriben en una tendencia más amplia entre algunos gobiernos republicanos que buscan bloquear la supervisión federal. Florida, Missouri y Texas han sido protagonistas en este esfuerzo, aunque las demandas de Florida y Missouri fueron desestimadas por los tribunales.
Ken Paxton, el fiscal general de Texas, dejó claro su firme postura ante este asunto: “No vamos a ser intimidados. Solo Texas maneja las elecciones en Texas y no vamos a ser intimidados por el Departamento de Justicia. Ningún agente federal podrá interferir con las elecciones libres y justas en Texas”. En virtud de este acuerdo, los observadores electorales deberán mantener una distancia de 30 metros de los centros de votación y de conteo.