Un operativo en Texcaltitlán, Estado de México, dejó al descubierto los vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. Siete funcionarios fueron detenidos, mientras que Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Pública Municipal, se quitó la vida momentos antes de ser aprehendido. El caso revela las complejidades de la corrupción institucional en una región controlada por La Familia Michoacana.
En un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), fueron detenidos siete funcionarios públicos presuntamente vinculados al crimen organizado en el Estado de México. Sin embargo, el despliegue tuvo un desenlace inesperado en el municipio de Texcaltitlán, donde el director de Seguridad Pública Municipal, Isidro Cortés Jiménez, se quitó la vida momentos antes de ser aprehendido.
Cortés fue encontrado sin vida en su oficina con un disparo autoinfligido, según las primeras investigaciones de la FGJEM, que buscan confirmar la hipótesis de suicidio. Su caso ha desatado interrogantes sobre su papel como servidor público en una región controlada por el grupo criminal conocido como La Familia Michoacana, cuyos métodos de extorsión y violencia han sometido a los habitantes durante años.
Texcaltitlán: bajo control criminal
Texcaltitlán es uno de los municipios del sur del Estado de México donde La Familia Michoacana ejerce un control casi absoluto. El grupo criminal cobra «derecho de piso» a campesinos y comerciantes, con cuotas que alcanzan los 10,000 pesos por hectárea cultivada. De acuerdo con un reportaje realizado por Fernanda García y Marcos Muedano para La Silla Rota, documentos filtrados por los hacktivistas de Guacamaya revelaron que Cortés Jiménez había reportado en comunicaciones internas con la Sedena en 2022 que la policía municipal, limitada en número y recursos, no registraba denuncias formales de los ciudadanos.
El enfrentamiento más trágico ocurrió en diciembre de 2023, cuando un grupo de campesinos, hartos de los abusos, se enfrentaron a sicarios liderados por «El Payaso», uno de los jefes de plaza de La Familia Michoacana. El choque dejó 14 muertos, incluidos 11 integrantes del grupo criminal. Aunque los habitantes pedían la intervención de las fuerzas de seguridad federales, la ayuda llegó tarde, lo que intensificó la percepción de abandono gubernamental.
Según fuentes de la FGJEM, Cortés Jiménez estaba señalado por encubrir actividades criminales y por posibles nexos con los líderes del crimen organizado. La relación entre las autoridades locales y el crimen organizado no es un fenómeno nuevo en esta región. Desde la llegada de «El Pony» y otros líderes del grupo hace más de una década, los gobiernos municipales han oscilado entre la complicidad y la impotencia frente al poderío de estas organizaciones.
La reacción de los pobladores, quienes en múltiples ocasiones han tomado las armas para defenderse, refleja el hartazgo ante un sistema que parece incapaz de protegerlos. Sin embargo, la formación de autodefensas, como lo han manifestado, también conlleva riesgos, como el aumento de la violencia y el debilitamiento del Estado de derecho.
