La reforma al Poder Judicial de México, impulsada por el gobierno federal, sigue generando controversia a nivel internacional. Durante su comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Antonio Montero defendió el proyecto como un avance crucial en la democratización y transparencia del sistema judicial. Sin embargo, la CIDH expresó preocupación por los posibles efectos negativos en la independencia judicial y el acceso a la justicia, alertando sobre los riesgos de que estas reformas, aprobadas en tiempo récord, no respondan adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía ni respeten los estándares internacionales en derechos humanos.
José Antonio Montero, director de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para defender la reforma al Poder Judicial de México, calificándola como «un gran paso en democratización». Montero destacó que las reformas buscan garantizar la independencia judicial, combatir la corrupción y el nepotismo, así como asegurar la transparencia en el sistema judicial del país. Según su intervención, las modificaciones tienen como objetivo restablecer la confianza ciudadana, señalando que muchos jueces han dictado sentencias sin perspectiva de género y liberado a delincuentes peligrosos.
La reforma, que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros a partir de 2025, es vista como un intento por erradicar la corrupción y mejorar la calidad del servicio judicial. Sin embargo, la CIDH ha expresado su grave preocupación por los posibles impactos negativos que podría tener sobre el derecho de acceso a la justicia y la independencia judicial.
La Comisión Interamericana ha seguido de cerca el proceso legislativo que comenzó el 5 de febrero de 2024, cuando el Ejecutivo presentó la reforma al Congreso, y culminó con su aprobación por el Senado el 11 de septiembre. A pesar de reconocer la importancia de fortalecer el sistema judicial en México, la CIDH ha recibido numerosas críticas de organizaciones de la sociedad civil, expertos y operadores judiciales que señalan posibles afectaciones a los derechos humanos, especialmente en cuanto a la independencia del poder judicial y el acceso meritocrático a la carrera judicial.
Uno de los puntos más cuestionados por la CIDH es la celeridad con la que se ha tramitado la reforma, lo que ha impedido una evaluación adecuada de las críticas y propuestas de varios sectores de la sociedad. La Comisión subraya que el proceso legislativo ha sido demasiado rápido y no ha permitido un debate suficientemente amplio ni la participación de todos los sectores interesados, lo que ha generado protestas públicas y descalificaciones hacia las personas juzgadoras.
En particular, la CIDH ha expresado su preocupación sobre el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que podría comprometer su independencia. También ha cuestionado la inclusión de medidas que permitirían preservar la identidad de los jueces en casos relacionados con la delincuencia organizada, conocidas como «jueces sin rostro», un mecanismo que ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano.
El gobierno mexicano, por su parte, ha defendido la reforma, destacando que no hay violaciones a los derechos humanos y que las modificaciones son un paso necesario para garantizar más justicia y accesibilidad para los ciudadanos. La presidenta electa Claudia Sheinbaum también se refirió a la reforma durante su comparecencia ante la CIDH, argumentando que su rapidez de tramitación no significa una falta de legalidad y que la reforma ya es constitucional.
La CIDH, sin embargo, instó al gobierno mexicano a garantizar que cualquier reforma judicial se adhiera a los estándares internacionales de independencia judicial y acceso a la justicia, abogando por un proceso que sea transparente, participativo y que no ponga en riesgo los derechos humanos. La Comisión también subrayó la necesidad de abrir canales de diálogo genuino con los sectores involucrados y asegurar que las reformas no afecten la estabilidad ni la autonomía de los operadores judiciales.
Este enfrentamiento entre el gobierno y la CIDH subraya las tensiones sobre el rumbo de la reforma judicial mexicana, que continúa siendo un tema candente en el contexto de las reformas constitucionales que se están llevando a cabo en el país.
