La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó este martes las impugnaciones contra la Reforma Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024, al no obtener los ocho votos necesarios para invalidar los preceptos cuestionados. A pesar de que una mayoría de siete ministros respaldó la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, las diferencias internas, encabezadas por el ministro Alberto Pérez Dayán, impidieron que se alcanzara el quórum requerido para invalidar aspectos clave de la reforma, como la elección popular de jueces y magistrados.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó este martes las impugnaciones presentadas contra el Decreto que reforma el Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024. Aunque una mayoría de siete ministros se pronunció a favor de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, el proyecto de resolución no logró la votación calificada de ocho votos necesaria para invalidar los preceptos cuestionados.
Las impugnaciones, incluidas en las acciones de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024, fueron promovidas por partidos políticos como el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática de Coahuila, así como por diputadas y diputados del Congreso de Zacatecas. Estos actores exigían la invalidez del Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones clave de la Constitución en materia judicial.
El proyecto de resolución, a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, proponía invalidar aspectos clave como la elección popular de jueces y magistrados y la remoción masiva de funcionarios judiciales. Sin embargo, la propuesta encontró oposición dentro del Pleno, particularmente del ministro Alberto Pérez Dayán, quien rompió el bloque al argumentar que la acción de inconstitucionalidad debía ser considerada improcedente.
Además, la ministra Loretta Ortiz Ahlf manifestó su desacuerdo, señalando que la SCJN no es competente para invalidar una reforma constitucional, mientras que la ministra Lenia Batres sugirió aplazar el análisis, aunque su propuesta fue rechazada. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel destacó que los partidos políticos no deberían tener legitimación para impugnar normas que no les afectan directamente.
Debido a la falta de consenso y la imposibilidad de alcanzar los ocho votos necesarios, el Tribunal desestimó los conceptos de invalidez planteados en las impugnaciones, dejando intacto el Decreto que ha generado controversia entre diversos sectores políticos y judiciales.
