En las últimas semanas, una ola de asesinatos dirigida contra mandos de seguridad, militares y exfuncionarios ha sacudido varias ciudades de México. Los casos abarcan desde directores de seguridad hasta exalcaldes y funcionarios de distintos niveles. Este patrón de violencia intensificada revela una crisis de seguridad pública cada vez más profunda, relacionada con el poderío e impunidad del crimen organizado, que sigue desafiando al Estado en diversos puntos del país.
Esta serie de asesinatos contra altos mandos de seguridad y funcionarios exhibe un aumento de la violencia contra quienes se encargan de la seguridad pública en México.
La serie de homicidios comenzó el 29 de septiembre, cuando en Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado Ulises Hernández Martínez, capitán en activo del Ejército y exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal. Hernández fue ejecutado junto a una mujer mientras transitaba en la capital del estado, a pesar de que recientemente había sido considerado para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo.
El 11 de octubre, Jaime Navarro, director de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía de Jalisco, fue atacado a balazos mientras se encontraba en su vehículo en Guadalajara, cerca de una farmacia en la colonia Jardines Alcalde. La Fiscalía estatal asumió la investigación, pero al momento no ha ofrecido detalles sobre el posible móvil de este ataque.
El 21 de octubre, Miguel Efraín Martínez Vaca, jefe de turno de la policía de Irapuato, Guanajuato, fue baleado cerca de la delegación de policía, en las inmediaciones de una plaza comercial. Martínez era parte del grupo de reacción inmediata “Grupo Lobo”, dedicado a operaciones de alto riesgo en esa región.
Los asesinatos se intensificaron el 28 de octubre en Michoacán. Lizbeth Romero Tafolla, directora de Seguridad Pública de Angamacutiro, fue acribillada a las puertas de su hogar, y ese mismo día Aurelio Santos, exalcalde de Cotija, murió tras ser atacado a balazos en las inmediaciones de un colegio en su municipio. Cotija ya había sido escenario de violencia en junio, cuando fue asesinada la alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa.
El 2 de noviembre, en Zacatecas, tres agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) fueron asesinados en distintos ataques. Uno de ellos era el director regional operativo de seguridad en Villanueva, quien fue emboscado mientras realizaba un patrullaje. Horas después, otros dos agentes murieron tras una emboscada en la carretera federal número 23, en el municipio de Fresnillo.
El 5 de noviembre, Cristian “N”, un marino en activo, fue asesinado en Iguala, Guerrero. La víctima, que estaba de vacaciones tras haber sido asignado en Michoacán, murió tras recibir múltiples impactos de bala mientras conducía su vehículo en la colonia San José.
El 9 de noviembre, Simón Malpica Hernández, quien había sido secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Sinaloa, fue asesinado en la colonia Benito Juárez de esa ciudad. Malpica, quien dejó el cargo en 2022 tras solicitar su jubilación, fue atacado con al menos 12 disparos cuando transitaba por una calle de la zona. Aunque el Ejército y la Policía Municipal resguardaron el hospital al que fue trasladado, Malpica falleció a causa de las heridas.
