El Senado de la República aprobó, con 86 votos a favor y 42 en contra, una reforma constitucional que extingue siete organismos autónomos y reguladores, entre ellos el INAI, la COFECE y el IFT, cuyas funciones serán asumidas por dependencias del gobierno federal.
La iniciativa, presentada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca simplificar la estructura del Estado, eliminar duplicidades y garantizar mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, según sus promotores.
El Senado de la República aprobó este martes, con 86 votos a favor y 42 en contra, el dictamen que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. La reforma, que altera varios artículos de la Carta Magna, tiene como objetivo la extinción de siete órganos autónomos y reguladores, cuyas funciones serán asumidas por dependencias del gobierno federal.
Los organismos que desaparecerán bajo esta reforma son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, destacó que la propuesta fue presentada originalmente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Según Cantón Zetina, la reforma refleja un compromiso con un gobierno austero, eficiente y orientado a las necesidades del pueblo, al tiempo que elimina lo que calificó como «despilfarro, opacidad y duplicidad de funciones» en los organismos que se extinguirán. Las funciones de estos órganos pasarán a diversas dependencias de la Administración Pública Federal y a un organismo público autónomo.
En cuanto a las implicaciones de la reforma, Cantón Zetina aseguró que la Secretaría de la Función Pública, junto con otros sujetos obligados, garantizará la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Además, la Secretaría de Economía se encargará de velar por la competencia justa, mientras que la Secretaría de Energía, junto con Pemex y la CFE, resguardarán la soberanía energética del país.
Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, defendió la reforma como una medida para garantizar la eficiencia, la eficacia y la racionalización de los recursos públicos. Según Inzunza, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumirá las funciones del CONEVAL, lo que, según afirmó, permitirá una evaluación más efectiva de las políticas públicas y la medición de la pobreza.
Inzunza también aseguró que la reforma no afecta los derechos de los ciudadanos ni vulnera los compromisos internacionales de México. En particular, subrayó que la competencia económica y las reglas del mercado en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión no se verán alteradas.
Durante la discusión, el Grupo Parlamentario del PAN presentó una moción para suspender la discusión del dictamen, pero esta fue rechazada por la mayoría de los senadores con 35 votos a favor y 72 en contra. Posteriormente, se presentaron 21 votos particulares por parte de senadores de diferentes grupos parlamentarios.
La reforma continúa su proceso legislativo, con la posibilidad de ser ratificada en su totalidad en próximas sesiones.
