La deslocalización de contenidos y plataformas digitales significa que las decisiones tomadas en una nación pueden tener repercusiones globales, lo que plantea serios desafíos a las legislaciones nacionales. A medida que países como los de América Latina, África y Asia intentan establecer marcos regulatorios propios, se enfrentan a la presión de adaptarse a normas internacionales que a menudo no reflejan sus realidades locales.
En la era de la globalización digital, la conectividad y el flujo constante de información transforman nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, mientras los países desarrollados fortalecen sus marcos legales y políticas digitales, los países en desarrollo enfrentan desafíos únicos para proteger su soberanía digital. Este concepto, que abarca la capacidad de un país para establecer y aplicar sus propias normas en el ámbito digital, se ve cada vez más amenazado. A continuación, examinamos algunos de los desafíos clave y ejemplos concretos donde esta soberanía se ve comprometida, afectando la capacidad de estos países para regular, proteger a sus ciudadanos y adoptar sus propias políticas tecnológicas.
1. La Protección de Datos y la «Imposición» de Normativas Externas
La Unión Europea se ha convertido en un modelo global de protección de datos con su Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Este reglamento impone fuertes requisitos de privacidad a cualquier entidad que maneje datos de ciudadanos europeos, sin importar la ubicación de la empresa. Para las plataformas y servicios digitales que operan en países en desarrollo, el GDPR puede representar una barrera o una presión indirecta para adoptar estándares de privacidad que pueden no adecuarse a sus capacidades o prioridades nacionales.
En América Latina, países como Argentina han optado por adoptar normas similares al GDPR para cumplir con los requisitos de las plataformas globales y facilitar el comercio digital. Sin embargo, en naciones con menos recursos, donde apenas se están implementando leyes de protección de datos, el cumplimiento de estos estándares internacionales puede resultar inviable o llevar a una dependencia normativa sin tener un marco legal propio bien adaptado. Esto limita la soberanía digital de estos países y puede resultar en una «importación» de normas externas que no necesariamente reflejan sus propias realidades.
«Es innegable el impacto que ha tenido la entrada en vigor en 2018 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) en la actualización de las legislaciones de protección de datos en todo el mundo, en la región y, por ende, sobre Argentina», señalaron organizaciones civiles en el marco de la redacción de la reforma de datos personales 25.326 de Argentina.
2. Control del Contenido y Discriminación en la Moderación
Las grandes plataformas de redes sociales, como Facebook, aplican políticas de moderación de contenido basadas principalmente en el contexto cultural y normativo de los países desarrollados, especialmente de Estados Unidos y Europa. Esto crea problemas cuando las plataformas no adaptan sus políticas a las complejidades sociales y políticas de países en desarrollo.
En Myanmar, por ejemplo, Facebook fue severamente criticado por su falta de acción frente al discurso de odio y la desinformación durante el conflicto étnico que involucraba a la minoría musulmana Rohingya. Las organizaciones de derechos humanos señalaron que Facebook no contaba con suficientes recursos lingüísticos ni con un equipo de moderación adaptado al contexto local, lo cual permitió que se propagara contenido que incentivaba la violencia y la discriminación. Este caso muestra cómo la falta de una respuesta contextualizada por parte de las plataformas limita la capacidad de los países en desarrollo para regular efectivamente el contenido dañino y proteger a sus ciudadanos en línea.
“En 2017, miles de personas rohinyás fueron víctimas de homicidio, tortura, violación y desplazamiento como parte de la campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de Myanmar. En los meses y años que desembocaron en las atrocidades, los algoritmos de Facebook intensificaron una tormenta de odio contra la población rohinyá que contribuyó a la violencia en el mundo real”, ha dicho Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
En América Latina, las protestas y movimientos sociales también han revelado sesgos en la moderación de contenido. Durante las manifestaciones en Colombia en 2021 y Chile en 2019, múltiples publicaciones fueron retiradas o censuradas, lo cual generó críticas hacia las plataformas, que parecían responder más a intereses internacionales que a las necesidades y derechos de expresión de los ciudadanos locales.
3. Infraestructura Tecnológica y Dependencia Económica
Los países en desarrollo, particularmente en África y América Latina, dependen en gran medida de la infraestructura tecnológica proporcionada por empresas extranjeras, como Google, Huawei y Facebook. Si bien estas compañías traen beneficios como el acceso a la tecnología y la conectividad, también condicionan la soberanía digital de estos países, que se vuelven dependientes de decisiones corporativas y condiciones contractuales impuestas por empresas de países desarrollados.
En África, Huawei ha sido un importante proveedor de redes de telecomunicaciones y ha ayudado a instalar sistemas de videovigilancia en varios países. Aunque estos acuerdos han permitido mejorar la infraestructura de seguridad, han surgido preocupaciones sobre el acceso y control de los datos generados. En países como Uganda y Zambia, Huawei ha colaborado con los gobiernos para implementar sistemas de monitoreo que algunos consideran invasivos y que podrían usarse para controlar la oposición política. La dependencia de estas tecnologías plantea dilemas de soberanía, ya que los gobiernos locales no siempre tienen la capacidad técnica ni económica para supervisar o controlar completamente estas plataformas, lo cual plantea riesgos para la privacidad de los ciudadanos y la autonomía en el manejo de los datos.
«Los funcionarios de la policía ugandesa han confirmado que están utilizando las cámaras suministradas por Huawei, lo que ayudó a la fuerza a localizar a algunos de los más de 836 sospechosos que han arrestado. En ausencia de cualquier tipo de supervisión judicial, también existen preocupaciones por el acceso por la puerta trasera al sistema para la vigilancia ilegal por reconocimiento facial de posibles objetivos y la represión de los comentarios contrarios al régimen y de cualquier acción civil pacífica. El grupo de derechos humanos local, Unwanted Witness, ha pedido anteriormente que se respete el derecho internacional de los derechos humanos en la implementación del proyecto para salvaguardar los derechos humanos, las libertades y la democracia en el país», señala Stephen Kafeero de Quartz.
4. Impuestos Digitales y la Economía de Datos
Los impuestos digitales son una estrategia que muchos países en desarrollo buscan implementar para recaudar ingresos de las empresas tecnológicas extranjeras que generan beneficios en sus territorios. Sin embargo, la presión de países desarrollados, especialmente Estados Unidos, ha dificultado que naciones en desarrollo implementen estas medidas fiscales.
Francia fue uno de los primeros países en implementar un impuesto digital, y su iniciativa enfrentó fuertes críticas y amenazas de represalias comerciales por parte de Estados Unidos. En 2019, tras aprobar su legislación para habilitar el impuesto digital, el expresidete Donald Trump amenazó al país galo con «una acción recíproca sustancial». Para países en desarrollo, este tipo de tensiones son aún más complejas, ya que carecen del poder de negociación de Francia y temen represalias económicas que afecten su estabilidad. En México se logró que las plataformas digitales pagaran impuestos hasta el 2020. Mientras los países en desarrollo se ven afectados por un retraso en el tema, las iniciativas globales llevan la delantera. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone la creación de un sistema internacional de tributación para las grandes empresas digitales que a Estados Unidos ha retrasado.
Además, esta falta de soberanía fiscal hace que la economía de datos en estos países se vea afectada, ya que las grandes tecnológicas pueden extraer valor de sus mercados sin contribuir significativamente a la economía local. En última instancia, esto impide que los países en desarrollo aprovechen completamente los beneficios económicos de la digitalización.
Los principios de privacidad del Convenio 108+ son de alta exigencia, lo cual es positivo para la protección de los derechos individuales, pero puede agravar la brecha digital en los países en desarrollo. La implementación de políticas de privacidad restrictivas y costosas podría dificultar el acceso a servicios digitales para la población, afectando sectores con menor acceso a tecnologías de información.
Esto podría llevar a una aplicación desigual del Convenio, donde solo las empresas más grandes y los países con mayores recursos pueden cumplir completamente con sus disposiciones, mientras que los actores locales quedan en desventaja competitiva.
5. Restricciones a las Criptomonedas y las Fintechs
Las criptomonedas y las tecnologías financieras (fintechs) ofrecen un enorme potencial para la inclusión financiera, especialmente en países con sistemas bancarios limitados. Sin embargo, la regulación de estas tecnologías está fuertemente influenciada por normas internacionales que no siempre consideran las necesidades de los países en desarrollo.
En Nigeria, el banco central prohibió en 2021 las transacciones con criptomonedas, porque el país no tenía regulación en la materia. Aunque las criptomonedas representan un riesgo de lavado de dinero y otros delitos, para muchos nigerianos representan también una oportunidad para acceder a servicios financieros. La imposición de restricciones sin alternativas adecuadas puede limitar la autonomía de estos países para decidir cómo implementar innovaciones tecnológicas y financieras de acuerdo con sus contextos.
La Necesidad de un Marco Global Justo y Respetuoso
Estos ejemplos demuestran que los países en desarrollo enfrentan obstáculos significativos para ejercer una verdadera soberanía digital. La dependencia de plataformas extranjeras, las presiones regulatorias internacionales y la falta de infraestructura propia hacen que sus ciudadanos y sus economías estén en desventaja en el mundo digital. A medida que la tecnología sigue avanzando, es crucial que se desarrolle una gobernanza digital global que permita a los países en desarrollo adaptar y regular las tecnologías según sus necesidades, sin sufrir la imposición de normas externas que no siempre reflejan sus realidades.
Para lograr esto, es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, de modo que los países en desarrollo puedan formar parte activa en la creación de estándares globales de tecnología y derechos digitales. La construcción de un entorno digital más equitativo y soberano debe ser una prioridad en el escenario internacional, para que cada país, independientemente de su nivel de desarrollo, pueda proteger y empoderar a sus ciudadanos en el mundo digital.
