La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, ocurrida durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El tribunal también responsabilizó al Estado mexicano por la falta de investigación y la afectación a los derechos humanos de la familia de la víctima. Este fallo subraya la violencia política y los abusos de poder que tuvieron lugar en el contexto del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la operación de grupos paramilitares en el estado de Chiapas.
En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, un hombre indígena maya ch’ol, ocurrido en el contexto de violencia en el estado de Chiapas a finales de la década de 1990, cuando gobernaba el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
La Corte también responsabilizó al gobierno mexicano por diversas violaciones a los derechos humanos, tanto de González Méndez como de su familia, entre ellos su esposa Zonia López Juárez y sus hijos: Ana González López, Magdalena González López, Elma Talía González López y Gerardo González López.
La desaparición de Antonio González Méndez ocurrió en el marco de la violencia derivada del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, en un contexto marcado por la operación de grupos paramilitares apoyados por el gobierno mexicano, con el objetivo de neutralizar a las fuerzas opositoras. González Méndez, quien apoyaba al EZLN y simpatizaba con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue visto por última vez cerca de una zona donde operaba el grupo paramilitar “Paz y Justicia”.
La Corte determinó que el Estado mexicano no solo fue responsable de la desaparición de Antonio González Méndez, sino también de no haber investigado adecuadamente el caso ni tomado medidas eficaces para localizarlo. Además, la Corte destacó el sufrimiento causado a su familia, especialmente a sus hijos, quienes vivieron un profundo impacto psicológico y emocional debido a la falta de justicia y respuestas por parte del Estado.
La Corte Interamericana concluyó que México vulneró diversos derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la libertad de asociación de González Méndez, así como los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de él y su familia. También se reconoció la violación al derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre su desaparición.
Como parte de las reparaciones, la Corte ordenó al gobierno mexicano continuar con la investigación y búsqueda de Antonio González Méndez, implementar programas de formación para agentes del estado de Chiapas sobre la adecuada investigación de desapariciones forzadas, y crear un registro único y actualizado de personas desaparecidas en México.
Este fallo resalta la importancia de la justicia internacional y el derecho a la verdad para las víctimas de desapariciones forzadas en países como México, donde estas violaciones a los derechos humanos continúan siendo un desafío.
Jueces disidentes: Los jueces Rodrigo Mudrovitsch y Ricardo C. Pérez Manrique presentaron un voto parcialmente disidente respecto a la sentencia.
Este caso marca un paso significativo en la lucha contra las desapariciones forzadas y pone de manifiesto la necesidad de una mayor rendición de cuentas y protección de derechos humanos en México.
