Durante la sesión en la que la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de vapeadores, la diputada Irais Reyes, de Movimiento Ciudadano, protagonizó una protesta simbólica al vapear frente a los diputados. Con esta acción, Reyes criticó la propuesta de reforma, la cual adiciona disposiciones a los artículos 4º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud, y que busca sancionar las actividades relacionadas con el uso y comercialización de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
«Compañeros y compañeras diputados y diputadas, voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban el ejercicio de nuestras libertades», dijo Reyes, argumentando que la reforma refleja políticas prohibicionistas que, según ella, históricamente han demostrado ser ineficaces. «Prohibir, prohibir, prohibir. ¿Qué no se supone que Morena y sus aliados son un movimiento de izquierda que más bien debiera proteger derechos y libertades? Falso, mienten», expresó, señalando que esta medida busca restringir la libertad de los ciudadanos para elegir sus productos.
La diputada también comparó esta situación con la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década de 1920, sugiriendo que la reforma es un retroceso en las políticas públicas. «Ahora estamos en 1920, estamos en el siglo pasado», enfatizó, haciendo un llamado a regular los productos en lugar de prohibirlos.
Según Reyes, la medida presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo representa una regresión en las políticas públicas, sino que también podría dar pie a un crecimiento del mercado negro de estos productos. «¿A poco la gente va a dejar de comprar vapeadores solo porque el gobierno los prohíbe? Claro que no. Los venden en las calles, en Facebook. La gente los va a seguir comprando, pero ahora no habrá certeza sobre la calidad de los productos», afirmó.
La reforma, que fue aprobada con 410 votos a favor, busca sancionar toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, además de la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas y drogas sintéticas como el fentanilo. A pesar de la protesta de Reyes, la reforma fue respaldada por la mayoría en la Cámara de Diputados, y el Congreso de la Unión tiene 180 días para armonizar el marco legal con el contenido de la nueva ley.
Durante su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano cuestionó la contradicción entre la regulación de vapeadores y la permisividad hacia el consumo de cigarrillos tradicionales, dos productos que, según ella, contienen tabaco y presentan riesgos similares para la salud. «La diferencia entre comprar una cajetilla de cigarrillos tradicionales y un vapeador es ninguna. ¿Por qué el gobierno prohíbe unos y no los otros?», preguntó, destacando que la regulación debería ser la alternativa en lugar de la prohibición.
Reyes también subrayó que esta reforma no resolvería el problema del tabaquismo, sino que excluiría a quienes han optado por los cigarrillos electrónicos como una alternativa para dejar el tabaco tradicional. Según la diputada, el verdadero problema de salud pública no radica en los productos, sino en la falta de políticas integrales para la prevención y la concientización.
Por su parte, el gobierno federal justifica la reforma citando datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, que revelaron que el uso de cigarros electrónicos en adolescentes alcanzó un 2.6%, mientras que el uso en adultos fue del 1.5%. Sin embargo, como destacó Reyes, las políticas prohibicionistas no han logrado reducir el consumo de estos productos. Según la Encuesta Mundial de Tabaquismo de Adultos 2023, el uso de vapeadores en México se duplicó a pesar de la prohibición presidencial.
«¿De verdad estamos reformando la Constitución para prohibir vapeadores y cigarrillos electrónicos mientras tenemos problemas más importantes como el acceso a la salud y la crisis de inseguridad?», preguntó Reyes, destacando las prioridades que, a su juicio, el gobierno debería abordar antes de centrarse en la prohibición de estos dispositivos.
La reforma, que prohíbe la producción, distribución y comercialización de productos electrónicos relacionados con el tabaco, también establece sanciones para las actividades ilícitas vinculadas con sustancias tóxicas y drogas sintéticas. Las legislaturas locales tienen un plazo de 365 días para realizar las adecuaciones necesarias, y la reforma comenzará a regir dentro de los próximos meses, a pesar de las críticas de la oposición.