FGR investiga posibles delitos contra la justicia tras liberación de «El Contador», presunto líder del Cártel del Golfo

FGR investiga posibles delitos contra la justicia tras liberación de «El Contador», presunto líder del Cártel del Golfo

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una carpeta de investigación por posibles delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, tras la decisión del juez de Distrito Gregorio Salazar Hernández de otorgar la libertad procesal a José Alfredo «El Contador» Cárdenas, presunto líder del Cártel del Golfo.

La FGR cuestiona las afirmaciones del juez y presentó un análisis comparativo que refuerza los argumentos de riesgo de sustracción y amenaza para los testigos, lo que ha desencadenado un proceso de queja y la promoción de incidentes de nulidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por posibles delitos contra la Administración de justicia cometidos por servidores públicos en relación con el juez de Distrito Gregorio Salazar Hernández. Este otorgó la libertad procesal a José Alfredo Cárdenas, alias «El Contador», presunto líder del Cártel del Golfo.

A través de un comunicado, la FGR detalló los motivos y análisis sobre el caso, exponiendo que el juez Salazar Hernández había tomado la decisión de otorgar la libertad procesal a José Alfredo Cárdenas, presunto miembro del Cártel del Golfo en Tamaulipas. La FGR acusó al juez de  realizar afirmaciones que no son ciertas, y por ello, presentó un análisis comparativo entre las declaraciones del juez y las pruebas existentes, lo que llevó a la FGR a iniciar el proceso de queja y promover incidentes de nulidad de notificación y exceso en el cumplimiento de la sentencia, además de la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

El análisis comparativo detalla diversos puntos clave:

  1. El juez afirmó que la FGR no acreditó las causas para mantener a José Alfredo «C» en prisión preventiva. Sin embargo, la FGR argumentó que existe un peligro de sustracción y obstaculización debido a que «El Contador» es miembro de alto rango de una célula del crimen organizado y tiene recursos económicos y humanos suficientes para evadir la justicia.
  2. Datos de prueba proporcionados por el Fiscal Auxiliar de los EUA del Distrito Sur de Texas y una Evaluación de Riesgo de la Unidad de Inteligencia Táctica de la FGR indican que José Alfredo «C» presenta un riesgo alto social y un elevado peligro de sustracción.
  3. El juez también mencionó que José Alfredo «C» no representa un peligro para los testigos y la sociedad, pero la FGR presentó pruebas de que la organización criminal a la que pertenece ha amenazado a testigos que han brindado información en su contra. Esto fue corroborado con las declaraciones de excolaboradores de su grupo criminal.
  4. La opinión jurídica favorable a la extradición de José Alfredo «C» emitida por el Juez Enrique Beltrán Santes del Centro de Justicia Penal Federal de Estado de México, recomendó que el acusado quedara recluido en el Centro Preventivo Varonil Oriente en espera de su extradición a los Estados Unidos.

En cuanto a los argumentos del juez sobre la falta de acreditación de hechos de extradición y el estatus de investigaciones en territorio nacional, la FGR respondió que no es la primera vez que José Alfredo «C» ha sido detenido en México, ya que tiene varias indagatorias por delitos de delincuencia organizada, privación de la libertad, portación de armas y delitos contra la salud.

El juez también sostuvo que la defensa había demostrado que José Alfredo «C» no representaba un riesgo de sustracción porque tenía arraigo domiciliario, lo cual fue refutado por la FGR, que destacó que la defensa no acreditó el arraigo del acusado, sino solo el de sus familiares.

Finalmente, la FGR subrayó que, pese a haber justificado la medida cautelar de prisión preventiva, el juez otorgó la libertad inmediata de José Alfredo «C», sin garantizar nuevas medidas cautelares, lo que resultó en la indebida libertad de este presunto líder criminal.

La investigación sigue su curso, mientras que la FGR busca esclarecer posibles faltas cometidas por los servidores públicos involucrados en el caso.

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