El Parlamento de Corea del Sur destituyó al presidente interino Han Duck-soo tras semanas de tensión política desencadenada por la polémica ley marcial impuesta por el presidente Yoon Suk-yeol. La medida, aprobada por una Asamblea Nacional controlada por la oposición, profundiza la crisis institucional mientras el Tribunal Constitucional avanza en el juicio político contra Yoon.
El Parlamento de Corea del Sur votó este viernes para destituir al presidente interino Han Duck-soo, menos de dos semanas después de despojar al presidente Yoon Suk-yeol de sus poderes tras la polémica orden de ley marcial que generó caos político en el país.
El Partido Democrático, principal fuerza de oposición, presentó la moción el jueves, acusando a Han de negarse a cubrir tres vacantes en la Corte Constitucional, encargada de juzgar el juicio político contra Yoon.
Con 192 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, aprobó la destitución mientras los legisladores del partido gobernante se ausentaron en protesta. “Anuncio que la moción de destitución del presidente Han Duck-soo ha sido aprobada”, declaró Woo Won-shik, presidente de la Asamblea Nacional.
Este movimiento agudiza la crisis política desatada desde el 3 de diciembre, cuando Yoon impuso la ley marcial durante seis horas, lo que provocó protestas masivas.
Choi Sang-mok, ministro de Economía, asumirá como presidente interino. “Nuestra economía y los medios de subsistencia de la población no pueden soportar más incertidumbre política”, advirtió Choi en una rueda de prensa.
Mientras tanto, la Corte Constitucional inició este viernes el juicio preliminar contra Yoon por declarar la ley marcial. Durante la audiencia, los representantes legales de la Asamblea Nacional y de Yoon, encabezados por Bae Bo-yoon, presentaron argumentos iniciales y establecieron el calendario del proceso. La primera audiencia oficial está programada para el 3 de enero.
El tribunal, que opera con solo seis jueces por falta de nombramientos, enfrenta un reto mayor, ya que se requiere una decisión unánime para inhabilitar definitivamente a Yoon, según la legislación surcoreana.
Por su parte, Yoon negó las acusaciones de insurrección, calificando su decisión como un “acto de gobernanza” y acusando a la oposición de ser pronorcoreana y “antiestatal”.
El desenlace de este proceso definirá no solo el futuro de Yoon Suk-yeol, sino también la estabilidad política de Corea del Sur, que atraviesa una de sus mayores crisis en años.
