Trabajadores municipales tomaron este jueves el Palacio Municipal en protesta por el incumplimiento del pago de sus prestaciones de fin de año. Los empleados acusan al presidente municipal, Wilfrido Pérez Segura, de desviar más de 10 millones de pesos para cubrir aumentos salariales y beneficios de regidores, lo que ha dejado al municipio sin solvencia económica.
Un grupo de trabajadores municipales mantiene tomadas las instalaciones del Palacio Municipal de Ocuilan en protesta por el incumplimiento en el pago de sus prestaciones de fin de año, como aguinaldo y primas vacacionales. Los manifestantes acusan que los recursos destinados a estas obligaciones fueron desviados para cubrir excesos presupuestales, principalmente aumentos salariales y gastos de regidores.
De acuerdo con documentos obtenidos a través de solicitudes de transparencia, las irregularidades financieras se originaron bajo las órdenes del presidente municipal, Wilfrido Pérez Segura, quien habría autorizado transferencias de diversos montos a los regidores con el propósito de mantenerlos como aliados políticos.
Incremento salarial agrava la situación
Los trabajadores señalaron que el presupuesto municipal fue alterado tras un aumento salarial aprobado en Cabildo, que elevó los ingresos mensuales de los regidores de 20,000 a 37,000 pesos. Este incremento, no contemplado en los planes financieros del municipio, ha llevado a una severa falta de solvencia económica.
Según las acusaciones, el desvío de recursos asciende a más de 10 millones de pesos, destinados a cubrir peticiones y gastos atribuidos a los regidores que avalaron estas decisiones presupuestarias.
Protesta sin respuesta oficial
La toma del Palacio Municipal continuará de manera indefinida hasta que las autoridades municipales ofrezcan una solución concreta y liquiden las prestaciones laborales pendientes. Hasta ahora, ni el presidente municipal ni los regidores señalados han emitido un pronunciamiento oficial.
Los trabajadores han solicitado a las instancias correspondientes investigar las presuntas irregularidades y garantizar el manejo transparente y responsable de los recursos públicos.
El caso pone de manifiesto las tensiones financieras y políticas que enfrentan municipios como Ocuilan, donde las decisiones administrativas afectan directamente a los derechos laborales de sus empleados.
