El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, levantó la «ley marcial de emergencia» apenas cinco horas después de haberla decretado, tras el rechazo unánime del Parlamento y una oleada de protestas ciudadanas en Seúl. La medida, que buscaba contrarrestar supuestas conspiraciones opositoras vinculadas a Corea del Norte, desató una crisis política que amenaza con derivar en una huelga masiva exigiendo su destitución.
En un giro inesperado, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, anunció el levantamiento de la «ley marcial de emergencia», horas después de haberla decretado. La medida, que tuvo una vigencia de apenas cinco horas y media, fue revertida tras la oposición unánime del Parlamento, que votó en su contra durante una sesión extraordinaria nocturna.
El mandatario justificó inicialmente la declaración de la ley marcial al acusar al Partido Democrático (PD), bloque opositor con mayoría en la Asamblea Nacional, de conspirar con Corea del Norte para destituirlo y paralizar al Gobierno. En una comparecencia televisiva, Yoon afirmó que era necesario «erradicar a las fuerzas pronorcoreanas y proteger el orden democrático constitucional».
Sin embargo, 190 diputados presentes en la Cámara (de los 300 que la conforman) rechazaron la medida. La Constitución surcoreana obliga al presidente a acatar la decisión parlamentaria en estos casos. El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-Shik, notificó oficialmente el resultado al Ministerio de Defensa, lo que provocó que las tropas desplegadas tras el anuncio presidencial se retiraran del Parlamento.
La declaración de Yoon había causado una oleada de protestas. Cientos de manifestantes se congregaron frente al edificio legislativo en Seúl, coreando consignas como «¡Fin de la ley marcial!». Las fuerzas de seguridad evitaron que los manifestantes ingresaran al recinto, según imágenes difundidas por medios locales.
Aunque la ley marcial otorga amplios poderes al Ejecutivo, incluida la prohibición de protestas públicas y el control de los medios de comunicación, su aplicación no estaba vinculada a una amenaza externa, sino a una crisis política interna. Yoon acusó al PD de actividades «antiestatales» y de intentar un golpe de Estado en colaboración con Pyongyang.
La reacción parlamentaria y social subraya las tensiones políticas en Corea del Sur. La decisión del presidente de recurrir a la ley marcial, un recurso que no se había utilizado desde los años 80, fue percibida como un intento de evadir el control legislativo, particularmente después de que el PD aprobara presupuestos generales para 2025 sin el respaldo del Partido del Poder Popular (PPP), el partido gobernante.
Con la ley marcial retirada, Corea del Sur enfrenta un nuevo desafío: los sindicatos han convocado una huelga masiva exigiendo la destitución del presidente. El futuro político de Yoon Suk Yeol parece cada vez más incierto en un escenario marcado por la polarización y el descontento social.
Con información de EFE.
