La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este mes un proyecto de ley que busca castigar al tribunal por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, relacionados con la campaña militar de Israel en Gaza.
De aprobarse, esta legislación impondría sanciones a cualquier extranjero que investigue, arreste, detenga o procese a ciudadanos estadounidenses o de países aliados no miembros del tribunal, entre ellos Israel.
Aunque no se han detallado aún el alcance exacto de las sanciones ni los objetivos específicos, el tribunal se está preparando para enfrentar significativas consecuencias financieras, indicaron las fuentes a Reuters bajo condición de anonimato. Una de las fuentes señaló que se han comenzado a respaldar pruebas debido al temor de que empresas como el gigante tecnológico estadounidense Microsoft puedan verse obligadas a dejar de colaborar con el tribunal.
Esta sería la segunda vez que la CPI enfrenta represalias estadounidenses. En 2020, durante el gobierno de Donald Trump, Washington impuso sanciones a la entonces fiscal Fatou Bensouda y a uno de sus principales colaboradores por la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
Además, Reuters destacó que cualquier banco vinculado a Estados Unidos o que realice transacciones en dólares deberá cumplir con las sanciones, lo que limitaría severamente la capacidad de la CPI para operar financieramente.
La CPI, compuesta por 125 miembros, es un tribunal permanente que puede enjuiciar a personas por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión cometidos en el territorio de los Estados miembros o por sus nacionales. Sin embargo, países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no forman parte de la corte.