La Cumbre Tecnología y Sociedad 2024, organizada por European Digital Rights (EDRI) en Bruselas, reunió a puerta cerrdad a más de 40 organizaciones y eurodiputados para analizar los retos de la gobernanza digital a nivel mundial. Entre los puntos destacados estuvo la promoción de modelos regulatorios europeos, como la Ley de Servicios Digitales (DSA), como soluciones universales. Sin embargo, este enfoque plantea preguntas críticas sobre los riesgos de centralizar el control de internet en marcos europeos, especialmente para los países fuera de la Unión Europea, cuyos ciudadanos y gobiernos enfrentan las consecuencias de estas decisiones sin una representación adecuada.
La Cumbre Tecnología y Sociedad (Tech and Society Summit) celebrada en Bruselas en octubre de 2024, organizada por la organización European Digital Rights (EDRI), reunió a más de 40 organizaciones con miembros del Parlamento Europeo, entre ellos las eurodiputadas Kim van Sparrentak y Anna Cavazzini del Partido Verde Europeo, de tendencia socialdemócrata, para discutir a puerta cerrda los complejos retos que enfrenta la regulación digital a nivel global. Según su propia relatoría, en esta cumbre, se abordaron puntos cruciales sobre el papel de los estados en la gobernanza de internet y el creciente poder de actores no estatales, como organizaciones civiles, plataformas tecnológicas y coaliciones internacionales. Un tema que sobresalió fue la promoción de modelos regulatorios de la Unión Europea, como la Ley de Servicios Digitales (DSA), como posibles soluciones universales para el manejo de la red a escala global. Sin embargo, este enfoque genera cuestionamientos sobre la viabilidad y los riesgos asociados con un sistema de regulación digital sin una gobernanza estatal clara.
Uno de los ejes centrales de la cumbre fue la reflexión sobre la «soberanía tecnológica» y la legitimidad de los estados para regular internet en función de los derechos y necesidades de sus ciudadanos. Este concepto invita a replantear el papel tradicional de los gobiernos en la supervisión del ciberespacio, sugiriendo que no todos los estados tienen la capacidad o la legitimidad necesaria para garantizar una regulación justa y efectiva. Se enfatizó que las soluciones regulatorias impuestas por potencias globales como la UE pueden no ser apropiadas para todas las realidades nacionales, como lo demuestran los ejemplos de Serbia y Brasil, donde las leyes de plataformas digitales enfrentan grandes dificultades.
Lo que está en juego en este debate es la creciente tendencia a descentralizar la regulación del internet y a dar espacio a actores fuera del ámbito estatal. La Ley de Servicios Digitales (DSA), promovida por la UE, se presentó como un modelo para regular plataformas digitales, pero su alcance y su aplicación global han sido cuestionados. Mientras que la UE busca establecer un marco normativo universal, los desafíos que enfrentan países fuera de este bloque muestran que una «solución única» puede ser inadecuada. Países como Serbia y Brasil se encuentran en una posición difícil, enfrentando presiones tanto internas como externas para cumplir con las normativas digitales europeas, mientras intentan mantener su soberanía tecnológica frente a los intereses de actores internacionales.
Este dilema resalta un aspecto fundamental del debate actual: la tensión entre el poder estatal y la influencia de actores no gubernamentales en la regulación digital. Aunque los gobiernos nacionales han sido históricamente los reguladores naturales de sus territorios, la globalización de internet y la interconexión mundial han dado lugar a la idea de una regulación internacional, de la mano de organismos internacionales y de coaliciones entre actores no estatales. En este sentido, surgen preguntas sobre si estamos ante un proceso que podría llevar a la creación de un «poder paralelo» a los estados, formado por actores internacionales, plataformas tecnológicas y organizaciones civiles que asumirían el control sobre las políticas digitales globales.
Este tipo de gobernanza compartida, donde los estados ceden parte de su autoridad reguladora a otros actores, presenta varias implicaciones. Por un lado, puede ser visto como un avance en términos de equidad y protección de derechos, permitiendo que las organizaciones de la sociedad civil y grupos internacionales intervengan para garantizar un internet libre de censura y control estatal excesivo. Sin embargo, esta descentralización también plantea riesgos significativos. La ausencia de un marco estatal claro podría dar lugar a la fragmentación del internet y a una competencia entre diferentes normativas, que podría vulnerar la privacidad y los derechos de los usuarios.
En este contexto, las grandes plataformas tecnológicas juegan un papel crucial. La falta de una regulación global uniforme les permite operar en diversas jurisdicciones bajo reglas diferentes, lo que las hace menos responsables ante los gobiernos y ante los ciudadanos. Además, en el caso de los grandes actores tecnológicos como Google, Meta y Amazon, que tienen una influencia considerable sobre la infraestructura digital global, la regulación interna de estas empresas podría no ser suficiente para abordar los problemas relacionados con la privacidad, la desinformación y la competencia desleal.
A la luz de estos debates, se hace necesario un enfoque más equilibrado y colaborativo en la gobernanza de internet. Los estados deben desempeñar un papel crucial en la creación de normativas que protejan a los ciudadanos, pero también deben ser conscientes de la necesidad de una cooperación internacional para evitar la fragmentación del ciberespacio. Los organismos internacionales y las organizaciones civiles, por su parte, tienen un rol fundamental en garantizar que los derechos de las personas sean protegidos, pero este poder no puede ser cedido sin una supervisión adecuada.
En conclusión, la Cumbre Tecnología y Sociedad 2024 en Bruselas deja claro que el futuro de la regulación de internet dependerá de cómo los gobiernos, las plataformas tecnológicas y las organizaciones no gubernamentales logren trabajar juntos en la creación de un marco global justo y equilibrado. A medida que los actores no estatales ganan protagonismo en este debate, la pregunta sigue siendo si este enfoque colaborativo representará un avance hacia una regulación más inclusiva o si, por el contrario, llevará a la creación de un poder paralelo que desafíe la autoridad de los estados sobre el ciberespacio. El camino hacia una gobernanza digital global debe ser cuidadosamente trazado, para evitar que el poder sobre el internet se concentre en manos equivocadas.
¿A quién sirve realmente la regulación global del internet?
La Cumbre Tecnología y Sociedad 2024, celebrada en Bruselas, puso sobre la mesa una cuestión que cada vez nos afecta más a los ciudadanos fuera de la Unión Europea: ¿quién debe tener el control sobre la regulación del internet? En un mundo donde las grandes plataformas tecnológicas tienen una influencia global, las decisiones tomadas en una sala en Europa pueden tener consecuencias directas sobre la vida digital de millones de personas en otros continentes. A medida que los gobiernos europeos continúan promoviendo modelos regulatorios como la Ley de Servicios Digitales (DSA), muchos de nosotros fuera de este bloque nos preguntamos si realmente se están tomando en cuenta nuestras realidades y nuestras voces.
En Bruselas, durante la cumbre, se debatió sobre la «soberanía tecnológica», un concepto que resuena especialmente fuera de Europa, donde los estados se enfrentan a una creciente presión por adoptar regulaciones impuestas por potencias extranjeras. Es comprensible que los países miembros de la UE busquen estándares para regular plataformas digitales, pero ¿quién está tomando en cuenta la legitimidad de los gobiernos de países fuera de Europa para regular sus propios ciberespacios? En mi país, como en muchas naciones fuera del bloque europeo, nuestras prioridades digitales, nuestras políticas de privacidad, y nuestras necesidades tecnológicas no siempre se alinean con los enfoques que se impulsan desde Bruselas.
Los panelistas de la cumbre hablaron sobre cómo los marcos regulatorios europeos, aunque bien intencionados, podrían no ser adecuados para todos los contextos. Se mencionaron los ejemplos de Serbia y Brasil, donde las leyes de regulación de plataformas digitales enfrentan desafíos significativos. Sin embargo, la cuestión central no es solo que estas leyes no se ajusten a las realidades locales, sino que a menudo las decisiones de los gobiernos europeos están siendo influenciadas por actores que no necesariamente representan los intereses de los ciudadanos fuera de la UE. Las organizaciones civiles, que juegan un papel fundamental en la regulación global de internet, no siempre son neutras. A menudo, detrás de sus propuestas hay intereses que no coinciden con los de quienes vivimos en regiones más alejadas de los grandes debates internacionales.
El problema radica en que estas organizaciones, al ser el puente entre las autoridades europeas y las plataformas digitales, tienen un peso importante en la creación de las normativas, pero sus voces no siempre reflejan las necesidades de los ciudadanos fuera de Europa. ¿Qué pasa cuando estas organizaciones tienen conflictos de interés, o cuando sus soluciones universales no consideran nuestras particularidades políticas, culturales y económicas? La presión por adaptar nuestras leyes locales a regulaciones europeas no toma en cuenta nuestras realidades. ¿Acaso la «soberanía tecnológica» no debería ser un derecho de todos los países, no solo de aquellos con los recursos para imponer sus normas a nivel global?
Además, al imponer una regulación única sobre plataformas digitales sin un verdadero consenso global, se corre el riesgo de que las grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas con sede en Estados Unidos, eludan responsabilidades bajo un manto de normativas europeas. ¿Quién garantiza que estas decisiones no favorezcan los intereses comerciales de estas plataformas, que buscan maximizar sus ganancias a costa de una regulación débil o una total desinformación en países como el nuestro? Si las grandes empresas tecnológicas son las primeras en abogar por una regulación global, debe levantarse una alerta: ¿es realmente para el bien común, o más bien es una estrategia para seguir operando con mayor libertad bajo un marco normativo que solo beneficia a los grandes actores del mercado?
Los debates sobre la regulación global del internet a menudo se enfocan en la privacidad, la desinformación y la competencia digital. Sin embargo, la forma en que se estructuran estas regulaciones puede tener repercusiones económicas, políticas y sociales que no son necesariamente tomadas en cuenta por quienes deciden en Bruselas. En países fuera de la UE, la adopción de marcos regulatorios externos podría poner en riesgo industrias locales, desde pequeñas startups tecnológicas hasta medios de comunicación independientes. La digitalización no solo debe ser un terreno de normas impuestas, sino de un diálogo entre todos los países que consideren sus realidades y desafíos particulares.
Los panelistas de la cumbre, al recordar la necesidad de una «soberanía tecnológica», deberían haber tenido en cuenta que las imposiciones externas no siempre garantizan el bienestar de los pueblos. Las soluciones universales para regular el internet pueden estar construyendo un sistema que otorga un poder desproporcionado a actores europeos y tecnológicos, pero sin considerar los efectos que estas decisiones tienen en las personas que no viven bajo la sombra de las políticas europeas.
En última instancia, ¿quién regula el internet y para quién? La respuesta no puede ser simplemente la de adoptar modelos de gobernanza de un solo bloque, sino construir una arquitectura global que respete la diversidad de los contextos nacionales. No podemos permitir que el futuro de la red mundial quede en manos de actores distantes que no entienden nuestra realidad local. La soberanía tecnológica debe ser defendida por todos los países, no solo aquellos que se consideran a la vanguardia en materia digital. El internet no debe convertirse en un campo de batalla para intereses lejanos, sino un espacio donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.
