La nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, promete digitalizar el 80% de los trámites gubernamentales y reducir a la mitad los tiempos de resolución. Sin embargo, la centralización del proceso y la dependencia de plataformas digitales generan dudas sobre su viabilidad, el acceso equitativo a la ciudadanía y el verdadero impacto en la corrupción burocrática.
En el marco del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, cuyo principal objetivo es reducir a la mitad el número de trámites, requisitos y tiempo de resolución, además de digitalizar, al menos, el 80 % de los procesos. La iniciativa pretende agilizar la relación entre el Estado y la ciudadanía, sin embargo, también plantea interrogantes sobre el alcance del control gubernamental sobre la información y el acceso digital a los servicios.
Trámites centralizados y digitalizados
Sheinbaum justificó la propuesta asegurando que la reducción de trámites disminuiría los espacios de corrupción. «Le vamos a llamar así: ‘Ley Nacional para Eliminar Trámites y Corrupción’. Y es una ley nacional porque incluye: Federación, estados y municipios«, declaró la mandataria en su conferencia matutina, denominada «Las mañaneras del pueblo».
Según el Gobierno federal, la iniciativa permitirá que la mayoría de los trámites se realicen en línea y que quienes acudan a ventanillas tengan mayor claridad sobre los requisitos y tiempos de resolución. «Si una pequeña empresa quiere registrarse, que no tenga que hacer 10 mil trámites«, sostuvo la presidenta.
Reformas constitucionales y desaparición de la Mejora Regulatoria
Para implementar esta ley, se reformarán los artículos 25 y 73 de la Constitución, lo que modificaría la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno. Además, la iniciativa prevé la abrogación de la Ley General de la Mejora Regulatoria, un marco jurídico que, desde 2018, busca eficientar los trámites sin eliminar controles administrativos esenciales.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), explicó que en México existen más de 7 mil trámites federales, 523 en promedio por estado y 144 a nivel municipal, por lo que la nueva legislación se enfocará en:
- Homologar trámites, requisitos y tiempos de resolución.
- Eliminar trabas burocráticas para ciudadanos y empresas.
- Cumplir con estándares regulatorios del T-MEC.
- Facilitar el acceso a derechos ciudadanos.
La apuesta tecnológica: ¿eficiencia o exclusión digital?
Uno de los pilares del proyecto es la creación de un Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización, que incluye:
- Un Portal Único Ciudadano de Servicios y Trámites.
- Un Expediente Digital que almacene documentos personales.
- La Llave MX, un sistema de identidad digital.
- Una Escuela Pública de Código para capacitar a servidores públicos.
Si bien estas herramientas podrían agilizar la atención gubernamental, también plantean retos en un país donde el acceso a internet sigue siendo desigual. De acuerdo con datos del INEGI, más del 25 % de la población carece de conexión estable, lo que podría traducirse en nuevas barreras para sectores vulnerables.
Un modelo de control centralizado
Para garantizar la implementación de la ley, se creará el Centro Nacional de Tecnología Pública (CNTP), un organismo que concentrará el desarrollo de software gubernamental y la gestión de bases de datos a nivel federal. Esta medida, según el Gobierno, busca reducir costos y aumentar la eficiencia, pero también podría otorgar un mayor poder de vigilancia sobre la información personal de la ciudadanía.
Mientras la administración de Sheinbaum defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización gubernamental, críticos advierten que la eliminación de trámites podría significar también la desaparición de controles que previenen abusos de poder, además de aumentar la dependencia de los ciudadanos hacia plataformas digitales centralizadas. ¿Es este el inicio de una verdadera simplificación administrativa o una nueva estructura de control tecnológico del Estado?
