El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una Orden Ejecutiva para suspender el ingreso de inmigrantes ilegales a través de la frontera sur, en lo que él considera una medida para proteger a los estados de una invasión. La decisión se produce mientras más de una docena de fiscales generales de estados demócratas presentan una demanda contra el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, alegando que su decreto viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una Orden Ejecutiva que suspende el ingreso de extranjeros que participen en lo que él considera una invasión de los Estados Unidos a través de la frontera con México. A través de un comunicado, la Casa Blanca explicó que la medida, que se presenta como una respuesta a las solicitudes de protección por parte de estados como Texas, busca frenar el ingreso de millones de inmigrantes ilegales y reducir los costos asociados con la presencia de estos en el país.
De acuerdo con el documento, la orden se fundamenta en el Artículo IV, Sección 4, de la Constitución estadounidense que señala que el gobierno federal tiene la obligación de proteger a los estados de cualquier tipo de invasión. En este sentido, Trump ha justificado la suspensión del ingreso físico de extranjeros mediante su autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y el Artículo II de la Constitución, los cuales le permiten implementar medidas para frenar el paso de inmigrantes sin autorización en la frontera sur.
Según la nueva Administración, la decisión llegó tras años de que las autoridades federales, bajo el mandato de Joe Biden, no respondieron satisfactoriamente a los reclamos de estados como Texas, que han enfrentado un aumento significativo de la migración irregular. Para el gobierno de Trump, este fenómeno representa una crisis que afecta no solo la seguridad, sino también los recursos de comunidades locales y estatales.
Además de la orden de suspensión, el presidente instruyó al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado a tomar medidas para repatriar y expulsar inmediatamente a los inmigrantes ilegales que participen en lo que él considera una «invasión» a través de la frontera sur. Se limita también el acceso a las leyes de inmigración, como el asilo, para aquellos que crucen la frontera de manera irregular.
Con esta acción, Trump dice cumplir con una de sus promesas de campaña de “sellar la frontera” desde el inicio de su mandato. En 2018, ya había expresado que la inmigración ilegal supone una carga económica y social para los ciudadanos estadounidenses, al afectar a los trabajadores, generar presión sobre los servicios públicos y desviar recursos de las comunidades más necesitadas.
Mientras tanto, mientras Trump implementa estas medidas para cerrar la frontera con México, una nueva demanda presentada el martes por más de una docena de fiscales generales de estados demócratas cuestiona uno de los intentos más controvertidos de la Casa Blanca: el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento. La demanda alega que un decreto firmado por Trump el lunes viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual garantiza el derecho constitucional a la ciudadanía a todos los menores nacidos en el país.
