La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que la Cuenta Pública 2023 presenta irregularidades por más de 53,741 millones de pesos, de los cuales solo se han recuperado 1,762 millones. A través de su fiscalización, la ASF destaca las principales fallas en la gestión de recursos públicos, con un enfoque en las irregularidades en estados y municipios, así como en el área de desarrollo económico. A pesar de los avances en la rendición de cuentas, el informe subraya la persistente falta de transparencia y los riesgos asociados a la mala administración de los fondos públicos.
De acuerdo con el informe consolidado de la ASF, los estados y municipios son las entidades donde se concentra la mayor parte de las irregularidades, sumando un total de 40,801 millones de pesos que no han podido ser justificados. En segundo lugar se encuentra el área de desarrollo económico, con un desfalco que alcanza los 7,215 millones de pesos.
Principales conceptos de irregularidad
La auditoría desglosó las irregularidades encontradas, destacando los siguientes conceptos más relevantes:
- Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto: 32,749.5 millones de pesos (80.3%).
- Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas: 2,153.4 millones de pesos (5.3%).
- Pagos improcedentes o en exceso: 1,538.7 millones de pesos (3.8%).
- Bienes adquiridos no localizados o no operativos: 1,110.1 millones de pesos (2.7%).
- Recursos ejercidos en conceptos no relacionados con los fines de los fondos o programas: 731.2 millones de pesos (1.8%).
- Transferencias de recursos a otras cuentas bancarias: 658.9 millones de pesos (1.6%).
Estos datos subrayan la falta de transparencia y control en la gestión de los recursos públicos, principalmente por la ausencia de comprobación del gasto y los pagos indebidos.
Desviaciones en la Ejecución Presupuestaria
El informe identifica que el déficit en la cuenta corriente fue menor al estimado, lo que podría atribuirse a una mejor gestión del superávit en la balanza comercial no petrolera y el incremento en ingresos secundarios. No obstante, las variaciones en la ejecución del gasto siguen siendo una preocupación constante.
Las auditorías revelan problemas recurrentes en la administración de los fondos públicos. Entre las principales fallas detectadas destacan:
- Errores en la gestión administrativa (73.4% de los casos).
- Incumplimiento de metas y objetivos de programas públicos (11.5%).
- Desvío de recursos sin documentación comprobatoria (8.3%).
Estos hallazgos sugieren deficiencias en el control interno de las dependencias gubernamentales, lo que pone en riesgo la eficiencia del gasto público.
Áreas Clave con Riesgo en la Gestión Pública
El análisis de la ASF establece que los principales problemas en la administración pública provienen de:
- Omisiones de servidores públicos (45.9%).
- Acciones inadecuadas que contravienen la normativa (38.2%).
- Diseño deficiente de programas públicos que impiden el cumplimiento de objetivos (3.2%).
Estos factores demuestran que la falta de supervisión y mecanismos de transparencia y fiscalización sigue siendo un obstáculo para el uso eficiente de los recursos públicos.
Impacto en el Gasto Federalizado
La ASF auditó 1,110 gobiernos municipales y alcaldías, detectando inconsistencias en el manejo de programas como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Las revisiones indicaron que en 15 estados se alcanzó una cobertura de fiscalización del 100%, lo que representa un avance en la auditoría del gasto federalizado. Sin embargo, persisten problemas de subejercicio y falta de planeación estratégica en la asignación de recursos.
Conclusión: Urgencia de Reformas para una Mayor Transparencia
Los resultados de la Cuenta Pública 2023 evidencian que, si bien hay avances en rendición de cuentas, los desafíos en la administración de recursos públicos siguen siendo un problema estructural. La identificación de áreas de riesgo y la falta de seguimiento a las observaciones emitidas requieren una respuesta contundente por parte del gobierno y el Congreso para fortalecer los mecanismos de fiscalización y control del gasto.
Es imprescindible que las autoridades impulsen reformas legislativas para mejorar la transparencia en la gestión pública y evitar que estos problemas se repitan en futuros ejercicios fiscales. La confianza ciudadana en el uso de los recursos depende de una verdadera rendición de cuentas y de sanciones efectivas a quienes incumplen con su deber.
