El Senado de la República aprobó en lo general un nuevo modelo energético que fortalece el papel del Estado en la generación y distribución de energía. Con 85 votos a favor, el dictamen establece nuevas leyes y reformas que consolidan a Pemex y CFE como empresas estratégicas, garantizando su prevalencia frente al sector privado y promoviendo la soberanía energética del país.
Durante casi cinco horas de debate, legisladores de Morena y sus aliados defendieron el proyecto, argumentando que garantizará costos más bajos en electricidad y consolidará la soberanía energética. En contraste, la oposición cuestionó su viabilidad económica y ambiental.
La presidenta de la Comisión de Energía, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que las reformas establecen que Pemex y CFE no serán consideradas monopólicas, sino herramientas al servicio del interés nacional. Además, se introduce por primera vez el concepto de justicia energética.
Entre las nuevas leyes destacan:
- Ley de la Empresa Pública del Estado para Pemex y CFE.
- Ley del Sector Eléctrico.
- Ley del Sector Hidrocarburos.
- Ley de Planeación y Transición Energética.
- Ley de Biocombustibles.
- Ley de Geotermia.
- Ley de la Comisión Nacional de Energía.
Asimismo, se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El dictamen también establece que Pemex tendrá preferencia en la exploración y extracción de hidrocarburos, con la posibilidad de elegir su esquema de inversión mediante procesos transparentes. Además, se simplificará su carga fiscal a través del derecho petrolero para el bienestar, que unifica impuestos sobre exploración, extracción y utilidad compartida.
La senadora Castillo enfatizó que la iniciativa, presentada por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizará que al menos 54% de la generación de energía que se inyecta a la red del Sistema Eléctrico Nacional permanezca bajo control del Estado, asegurando tarifas accesibles para la población y evitando el lucro del sector privado.
La reforma marca un cambio significativo en la política energética de México, con el objetivo de consolidar un modelo público, sostenible y soberano.
