La Coparmex denunció que la extorsión en diferentes modalidades afecta principalmente a MiPyMEs y, está frenando el desarrollo económico del país y exponiendo a millones de ciudadanos a un clima de inseguridad y violencia. Con una cifra negra alarmante, Coparmex propone una ley para endurecer las penas.
Según la orgaización patronal, la pena actual de 2 a 8 años de prisión no parece suficiente para disuadir el aumento de este delito, que ha crecido en diversas modalidades y afectado tanto a pequeñas empresas como a la población en general.
La Coparmex señaló que uno de los mayores problemas para erradicar la extorsión es la falta de una tipificación uniforme entre los códigos penales estatales, lo que complica las investigaciones y respuestas eficaces. En algunos estados, la extorsión se clasifica erróneamente como «uso de confianza», lo que revictimiza a las personas afectadas y debilita el proceso judicial. Además, consideraron que la falta de coordinación entre fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR) limita las respuestas ante este fenómeno.
La cifra negra: un desafío alarmante
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, un 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian. El miedo a represalias tanto de los criminales como de ciertos servidores públicos deja a las víctimas en una situación de desprotección. En algunos estados, el incremento de este delito ha sido de hasta el 50% en los últimos seis años, lo que pone en evidencia la urgencia de una solución legislativa y política.
En los primeros días de 2025, se registraron 923 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento del 13.3% respecto al mes anterior, reflejando una tendencia alarmante. Este aumento tiene un impacto económico significativo: en 2023, la extorsión le costó al país casi 26 mil millones de pesos, afectando principalmente a las empresas que deben destinar recursos para evitar ser víctimas del crimen.
La reforma al artículo 19: una medida controvertida
La reciente reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la organización dirigida por Juan José Sierra consideró que esta medida ha sido objeto de críticas, ya que, en lugar de combatir la extorsión, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales. Además, cuando las carpetas de investigación no están correctamente integradas, los jueces pueden aplicar la medida de forma automática, sin un análisis adecuado, dejando a las víctimas indefensas.
La Coparmex planteó una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine las acciones entre autoridades, tipifique el delito y establezca penas uniformes en todo el país. Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los códigos penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que exige una legislación nacional que armonice las leyes y las sanciones.
Desde la LXV Legislatura, Coparmex indicó que ha trabajado en una propuesta de Ley General de Extorsión en colaboración con especialistas, penalistas, constitucionalistas y diversas organizaciones como la ANADE, la exsecretaria Rosa Icela Rodríguez, y otras entidades del sector de seguridad y justicia. La propuesta está lista para ser discutida en el Congreso, una vez que avance la reforma constitucional.
