Según informes oficiales, Marco Rubio, la deportación incluyó a 21 presuntos miembros de las pandillas MS-13 y 238 miembros del Tren de Aragua, quienes fueron enviados a El Salvador. Autoridades estadounidenses justificaron la medida al señalar que estos individuos han estado involucrados en crímenes violentos y representan un riesgo para la seguridad nacional.
El vicepresidente JD Vance respaldó la acción afirmando que el gobierno de Trump estaba expulsando a criminales peligrosos que los demócratas intentaron mantener en el país. En la misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio agradeció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su cooperación en la recepción de los deportados. Por su parte, el zar fronterizo Tom Homan subrayó que la deportación de estos individuos contribuirá a mejorar la seguridad en las comunidades estadounidenses.
«La administración Biden liberó a miles de criminales venezolanos del Tren de Aragua en los EE. UU. Han cometido robos a mano armada, han traficado sexualmente a niñas, han atacado a ciudadanos estadounidenses, han agredido a nuestra policía y han violado y asesinado a mujeres jóvenes y niños. Pero ahora, gracias al pueblo estadounidense, ¡tenemos al presidente Trump! Anoche, 238 miembros del Tren de Aragua, junto con 21 pandilleros de la MS13, fueron deportados de este país, sumándose a los miles de extranjeros criminales ya deportados», señaló Homan.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
Diversos legisladores republicanos, entre ellos John Barrasso, Tom Cotton y Lauren Boebert, también se pronunciaron a favor de la medida, considerándola necesaria para la protección de la población. Sin embargo, la decisión ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias, generando cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes advierten sobre las posibles consecuencias de estas deportaciones en los países de destino.
El tema continúa siendo motivo de controversia, mientras la Administración Trump defiende su política migratoria como una estrategia para fortalecer la seguridad nacional.
