Jalisco enfrenta una crisis de desapariciones forzadas que va más allá del crimen organizado y afecta a diversas comunidades. El hallazgo en el rancho Izaguirre expone la magnitud del problema, pero informes recientes revelan que las desapariciones responden a múltiples motivos: desde el control del narcomenudeo, el reclutamiento forzado y la extorsión, hasta ajustes de cuentas y conflictos familiares.
El hallazgo de restos óseos, crematorios clandestinos y cientos de indicios de posibles víctimas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, es una muestra de la magnitud de la crisis de desapariciones en el estado. Según un informe reciente, titulado «Se lo llevó un grupo armado. La crisis de desapariciones violentas en Jalisco», de Lauro y Rodríguez y Jorge Ramíarez, en Jalisco se consideran oficialmente desaparecidas 15,382 personas, de las cuales 10,279 siguen sin ser localizadas. Además, se tiene registro de al menos 2,474 casos de desapariciones violentas entre 2017 y 2024, aunque la cifra real podría ser mucho mayor.
La geografía de la violencia
Las desapariciones violentas en Jalisco se concentran en el área metropolitana de Guadalajara, principalmente en Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. Solo en estos tres municipios ocurrieron más de la mitad de los casos documentados. Otras zonas con alta incidencia son los Altos de Jalisco, incluyendo Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, donde también se han registrado desapariciones de manera sistemática.
La dinámica de las desapariciones varía. En algunos casos, las víctimas son interceptadas en la vía pública, mientras que en otros, comandos armados irrumpen en domicilios particulares para llevarse a las personas. En muchos de estos hechos se han registrado detonaciones de armas de fuego, lo que hace poco creíble que las autoridades municipales y estatales desconocieran lo que ocurría.
«En numerosos casos de desapariciones violentas quedó reportada la participación de policías preventivos y de investigación (adscritos a la fiscalía). Es indudable su responsabilidad en algunos casos porque, incluso, se abrió una investigación en su contra por la propia fiscalía de Jalisco que condujo a sentencias firmes. En un reporte reciente, hicimos un análisis más detenido de esta cuestión, por lo que no es necesario abundar más aquí», señala el informe.
Quiénes son las víctimas
Los datos indican que las desapariciones violentas afectan mayoritariamente a hombres jóvenes. El 89.5% de las víctimas son hombres, con una edad media de 30 años, y el 38% tenía entre 20 y 29 años al momento de su desaparición. Sin embargo, también hay mujeres entre las víctimas, muchas de ellas con indicios de haber sido privadas de la libertad con fines de explotación sexual.
La conexión con el rancho Izaguirre
El rancho Izaguirre, ahora investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), encaja en el patrón de lugares utilizados como centros de exterminio en Jalisco. De acuerdo con investigaciones de colectivos de búsqueda y reportes oficiales, el sitio estaría vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y habría sido usado para la ejecución y desaparición de personas, muchas de ellas reclutadas a la fuerza.
Además de los restos óseos, se encontraron prendas de vestir, mochilas, credenciales e identificaciones de personas de Tlajomulco y Guanajuato, lo que sugiere que el rancho pudo haber sido un sitio de cautiverio previo a la desaparición definitiva de las víctimas. La presencia de crematorios clandestinos refuerza la hipótesis de que se intentó borrar evidencia de crímenes.
La respuesta del gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a la FGR atraer el caso del rancho Izaguirre, afirmando que «lo primero que tenemos que hacer es investigar porque las imágenes son dolorosas y hay que saber primero qué pasó ahí, antes de cualquier cosa». El fiscal general Alejandro Gertz Manero anunció que la FGR indagará la posible omisión de las autoridades locales que inspeccionaron el predio sin reportar hallazgos.
Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó que inició los trámites para la extinción de dominio del terreno y publicó un archivo con imágenes de los indicios encontrados, como prendas de vestir y mochilas, para que familiares de desaparecidos puedan identificarlas.
Una crisis fuera de control
El informe sobre desapariciones en Jalisco también revela que el fenómeno ha aumentado desde 2021, con 288 desapariciones violentas solo en 2023, convirtiéndolo en el año más crítico. Se han documentado casos de reclutamiento forzado, secuestros con fines de extorsión y ataques contra personas que simplemente estaban en el lugar equivocado.
La presencia de estos patrones sugiere que la crisis de desapariciones forzadas en Jalisco no es un conjunto de incidentes aislados, sino una operación sistemática y protegida a diferentes niveles. La falta de acción de las autoridades ha permitido que el problema persista y se agrave.
El caso del rancho Izaguirre no solo expone la violencia sistemática en Jalisco, sino también la impunidad con la que han operado redes criminales. Con la atracción del caso por la FGR y la llegada de la Comisión Nacional de Búsqueda, el gobierno federal busca dar un giro en la investigación y sentar precedentes en la lucha contra la desaparición forzada en el estado.
Motivos de las desapariciones
Los reportes revisados ofrecen un panorama complejo sobre las causas de las desapariciones violentas en Jalisco. Entre las más recurrentes se encuentra el control violento del mercado de drogas y otros negocios ilegales. Se ha documentado que muchas desapariciones han sido cometidas contra personas involucradas en la venta, consumo o tenencia de drogas. Los responsables, en su mayoría vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identifican a sus víctimas como «chapulines» (vendedores desleales) o rivales en el narcomenudeo. La eliminación de cuerpos se ha convertido en un método común de «sancón» y control territorial.
Además del mercado de drogas, las desapariciones también han sido utilizadas como un método de control de la delincuencia común en zonas bajo dominio del CJNG. Se ha reportado que ladrones, personas acusadas de abuso infantil, parejas violentas o individuos que alteran el orden en ciertas colonias han sido desaparecidos como «medida disciplinaria». En algunos casos, se sospecha la participación de autoridades locales que han entregado detenidos a grupos criminales.
Otro factor clave es la violencia interna dentro del crimen organizado. Se han registrado desapariciones como represalias contra grupos rivales o «traidores» dentro del propio CJNG y otras células criminales. Escisiones y conflictos internos han derivado en asesinatos y desapariciones masivas, como la ocurrida en San José de Gracia en 2022, donde una célula del CJNG ejecutó a varios exintegrantes.
Las desapariciones también han estado ligadas a secuestros con fines de extorsión, robos de vehículos, ajustes de cuentas familiares, riñas y hasta percances viales. En algunos casos, se ha documentado la privación de la libertad de víctimas equivocadas o sustitutas, simplemente para que los perpetradores «no se vayan con las manos vacías».
El reclutamiento forzado es otra modalidad de desaparición presente en Jalisco. Trabajadores jornaleros y cuadrillas de obreros han sido privados de su libertad en municipios rurales, mientras que menores y jóvenes han sido llevados con fines de explotación criminal. De manera similar, hay indicios de desapariciones para la obtención de información en negocios ilegales, lo que podría explicar la liberación posterior de algunas víctimas.
También se han documentado desapariciones con motivaciones sexuales, donde mujeres jóvenes son privadas de la libertad por integrantes de grupos criminales. Aunque el CJNG mantiene un discurso de no violencia contra mujeres y niños, varios casos sugieren que la realidad es distinta. Una modalidad poco común documentada es la de desapariciones para tratar de evitar una desaparición.
