La Oficina de Derechos Humanos de la ONU llamó al Gobierno de México a realizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre el hallazgo de restos humanos calcinados en un rancho de Jalisco, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La organización también instó a fortalecer las medidas de prevención y garantizar la protección y el apoyo a las familias de víctimas de desaparición forzada en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
El centro clandestino, ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue encontrado por colectivos de familias que buscan a sus seres queridos. De acuerdo con reportes, el sitio era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para entrenar a jóvenes reclutados forzosamente mediante ofertas falsas de empleo. Quienes mostraban resistencia o no cumplían con los requisitos del grupo eran asesinados, lo que coincide con la presencia de fragmentos óseos y restos calcinados en el lugar.
Para la ONU, el descubrimiento resulta aún más alarmante debido a que el rancho Izaguirre había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales. Naciones Unidas tomó nota del compromiso de las autoridades de investigar posibles omisiones en la operación inicial de búsqueda.
La ONU llamó a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio, fortalecer los esfuerzos para identificar los restos hallados y permitir la participación de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas. Además, instó al Gobierno mexicano a mejorar las medidas de prevención y garantizar protección a las familias de las víctimas.
Crisis de desapariciones en Jalisco
El hallazgo en Teuchitlán refleja la magnitud del problema en el estado. Según cifras oficiales, en Jalisco se consideran desaparecidas 15,382 personas, de las cuales 10,279 siguen sin ser localizadas. Entre 2017 y 2024, se registraron al menos 2,474 desapariciones violentas, aunque se estima que la cifra real podría ser mayor.
Motivos de las desapariciones en Jalisco
Los reportes indican que el control del mercado de drogas es una de las principales causas. El CJNG ha sido identificado como responsable de desapariciones de personas vinculadas con la venta, consumo o tenencia de drogas, a quienes se les considera «chapulines» (vendedores desleales) o rivales en el narcomenudeo.
Además, las desapariciones también se han usado como método de control social en zonas dominadas por el cártel. Se ha reportado la desaparición de ladrones, acusados de abuso infantil, parejas violentas y personas que alteran el orden en ciertas colonias. En algunos casos, autoridades locales han sido señaladas por entregar detenidos a grupos criminales.
Otros factores incluyen violencia interna entre grupos criminales, desapariciones como represalias contra «traidores», secuestros con fines de extorsión, ajustes de cuentas y errores en la selección de víctimas. Además, se han reportado desapariciones ligadas al reclutamiento forzado, especialmente de jornaleros, obreros y menores de edad.
Finalmente, existen registros de desapariciones con motivaciones sexuales, donde mujeres jóvenes han sido privadas de la libertad por integrantes de grupos criminales. Aunque el CJNG mantiene un discurso de no violencia contra mujeres y niños, diversas investigaciones sugieren lo contrario.
La geografía de la violencia
Las desapariciones violentas en Jalisco se concentran en el área metropolitana de Guadalajara, particularmente en Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, donde ocurrieron más de la mitad de los casos documentados. En los Altos de Jalisco, municipios como Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos también presentan altos niveles de desapariciones.
La forma en que ocurren estos hechos varía: algunas víctimas son interceptadas en la vía pública, mientras que en otros casos comandos armados irrumpen en domicilios particulares. En muchos de estos operativos se han registrado detonaciones de armas de fuego, lo que hace poco creíble que las autoridades desconocieran lo sucedido.
El rancho Izaguirre y su conexión con la violencia en Jalisco
El rancho Izaguirre, ahora investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), encaja en el patrón de centros de exterminio utilizados en el estado. Investigaciones de colectivos de búsqueda y reportes oficiales indican que el sitio estaba vinculado al CJNG y era utilizado para la ejecución y desaparición de personas, muchas de ellas reclutadas a la fuerza.
Además de restos óseos, se encontraron prendas de vestir, mochilas, credenciales e identificaciones de personas de Tlajomulco y Guanajuato, lo que sugiere que el rancho pudo haber sido un centro de cautiverio previo a la desaparición definitiva de las víctimas. La presencia de crematorios clandestinos refuerza la hipótesis de que se intentó borrar evidencia de crímenes.
Una crisis fuera de control
Según el informe más reciente, desde 2021 el número de desapariciones ha aumentado, con 288 casos en 2023, el año más crítico. Se han documentado numerosos casos de reclutamiento forzado, secuestros con fines de extorsión y ataques contra personas que simplemente se encontraban en el lugar equivocado.
La persistencia de estos patrones indica que la crisis de desapariciones forzadas en Jalisco no es un conjunto de incidentes aislados, sino una operación sistemática con protección en distintos niveles. La falta de acción gubernamental ha permitido que el problema crezca y se agrave.
El caso del rancho Izaguirre no solo expone la violencia sistemática en Jalisco, sino también la impunidad con la que han operado las redes criminales. Con la atracción del caso por la FGR y la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda, el gobierno federal busca dar un giro en la investigación y establecer precedentes en la lucha contra la desaparición forzada en el estado.
