Este martes se cumplieron 33 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, una de las mayores tragedias urbanas en la historia de México. A más de tres décadas del desastre que cobró la vida de 212 personas y dejó más de mil 800 heridos, el gobierno de Jalisco sostuvo un encuentro con víctimas y sobrevivientes para refrendar compromisos de apoyo y evaluar una propuesta legislativa que garantice la continuidad del fideicomiso para su atención.
En la víspera del aniversario, el gobernador Pablo Lemus Navarro se reunió con sobrevivientes y familiares de las víctimas, encabezados por Lilia Chávez, de la Asociación 22 de Abril. Prometió —como otros antes que él— que el olvido institucional no se repetirá. Habló de un posible ajuste inflacionario a los 5.5 millones de pesos que anualmente aporta el estado al fideicomiso de apoyo a las víctimas, y de convertir esa transferencia en una obligación presupuestaria, no un gesto voluntarioso. También se comprometió a mejorar el acceso a medicamentos y a dignificar el pequeño consultorio destinado para los afectados en el Hospital General de Occidente. Palabras justas, aunque ya no nuevas.
Las explosiones fueron a las diez de la mañana, cuando el bullicio de la ciudad apenas tomaba forma. Alcantarillas que escupían humo, calles que se elevaban en pedazos de concreto y metal, rutas de camión que volaron por los aires. Ocho kilómetros de calles destruidas, más de 200 muertos reconocidos oficialmente, miles de heridos, cientos de casas, comercios y escuelas reducidos a polvo. Lo que siguió fue una de las evacuaciones urbanas más caóticas que ha visto el país y una investigación donde cada hilo parecía conducir a un agujero negro de responsabilidades.
Porque si la tragedia tuvo una causa, esa fue la mezcla exacta de desidia burocrática, corrupción técnica y negligencia química. Una reacción entre metales enterrados —zinc, hierro, acero— provocó la fuga de gasolina al subsuelo. El sifón invertido colocado para el tren ligero en la Calzada Independencia atrapó gases sin escape. La chispa, como en toda gran catástrofe nacional, fue apenas el cierre de un proceso lento de descomposición institucional.
En los días previos, los vecinos de la calle Gante reportaron olores a gasolina en el agua, humo saliendo de las coladeras, temperaturas extremas y una creciente sensación de amenaza. La autoridad local, encabezada entonces por Enrique Dau Flores, decidió no evacuar. Nadie fue hallado culpable. Nadie. Ni funcionarios de Pemex, ni del estado, ni de Protección Civil. Las cárceles mexicanas nunca han sido receptivas con los responsables de tragedias colectivas.
Sí hubo consecuencias políticas. El gobernador Guillermo Cosío Vidaurri dimitió en medio de la presión pública, pero la justicia penal quedó en pausa permanente. La memoria, mientras tanto, siguió trabajando por su cuenta: se reconocen los nombres de calles nuevas por el estilo de su arquitectura, más moderna, más reciente, más ajena a la historia que carga.
Este aniversario no solo recuerda una fecha: exhibe un patrón. Cuando el subsuelo ruge, cuando los ductos revientan, cuando la gasolina se filtra en las venas de una ciudad, lo que explota no es solo la infraestructura: es la complicidad. Los aniversarios, como el que se conmemorará este 22 de abril, no son homenajes: son reclamos sostenidos al olvido. Porque Guadalajara no debería seguir esperando otra explosión para recordar lo que ya le fue arrebatado.
