La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en materia de obras públicas y adquisiciones, mediante la cual se sustituye el sistema electrónico CompraNet por una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. Además, la reforma que modifica la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, crea tres nuevas figuras de contratación pública: la “oferta subsecuente de descuento” o «subasta inversa», el “diálogo competitivo” y la “adjudicación directa con estrategia de negociación”.
Su objetivo es actualizar el sistema de contrataciones públicas para dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado, a partir de las mejores prácticas en la materia, dentro del marco de la debida administración de los recursos económicos de los tres poderes de gobierno —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política.
El dictamen, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expone que para regular la transparencia se crea la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas para estandarizar contrataciones y aumentar la transparencia, en sustitución del sistema CompraNet.
La nueva plataforma involucrará todos los procesos, logrando una trazabilidad completa de la gestión del gasto, pues las contrataciones públicas representan una importante actividad económica de los gobiernos, mismos que gastan grandes sumas en obras públicas para realizar sus tareas y cumplir con sus mandatos. Se espera que estos procesos se lleven a cabo de acuerdo con los principios de integridad, transparencia, responsabilidad, eficiencia y efectividad.
El documento deja en claro que el objetivo principal de la contratación pública es la entrega correcta y oportuna de obras públicas y servicios relacionados, protegiendo a su vez el uso de los recursos públicos contra los riesgos de desperdicio, mal uso y corrupción.
La Comisión de Transparencia expone que este cambio propuesto por la presidenta de la República busca automatizar los procesos para agilizar y transparentar las contrataciones públicas, ya que las necesidades que surgen a diario requieren ser atendidas con urgencia. En ese sentido, destaca la importancia del uso de tecnologías en el sector público y el sector privado.
La reforma también busca aumentar la base de contratistas, lo que permitirá obtener mejor calidad y precio en las obras públicas, contribuyendo a mejorar los procedimientos y fortaleciendo la transparencia.
Para incluir a la ciudadanía en su derecho a la rendición de cuentas, se mantiene la figura de Testigos Sociales en el proceso de contrataciones públicas y se mejora su participación con responsabilidad social. Además, se implementará el sistema de subasta inversa, en el que los proponentes podrán realizar ofertas subsecuentes de descuento con la misma calidad requerida en la convocatoria.
Respecto al recurso de inconformidad en los procedimientos de licitación pública, se establece que sea la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la encargada de conocer estos recursos y emitir resoluciones impugnables mediante el recurso de revisión en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El procedimiento de conciliación podrá presentarse en cualquier momento para la solución de desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos.
Se modifica el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, con el objetivo de incrementar la sanción pecuniaria para los licitantes y contratistas que incumplan las disposiciones, lo cual fortalecerá la ejecución de las obras públicas.
Además, se reforma la fracción I del artículo 78 de la misma legislación, con el fin de garantizar que los licitantes y cotizantes cumplan con sus obligaciones, como la firma de contratos, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento.
Las reformas garantizan que ningún servidor público o particular se beneficie con recursos económicos destinados a la población. Asimismo, otorgan al Gobierno Federal las herramientas necesarias para mejorar las contrataciones públicas.
El nuevo esquema organizacional mejora los mecanismos tecnológicos aplicados a las contrataciones públicas y faculta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para administrar la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas como una herramienta electrónica oficial y transaccional.
Además, implementa la oferta subsecuente de descuento, introduce la figura de diálogos estratégicos y establece que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emita lineamientos para la planeación de obras públicas.
En sesión vespertina, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), fundamentó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
Señaló que el texto deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República y se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política, que establece que los recursos económicos de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deben administrarse con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
La Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, indicó, es una herramienta que materializa los principios de transparencia y publicidad contenidos en la Constitución, garantizando el acceso inmediato e imparcial a la información para la fiscalización de los recursos públicos.
También contempla la figura de la Oferta Subsecuente de Descuento, que fomenta la competitividad y eficiencia en los procesos de contratación, permitiendo economías y ahorros significativos para el Estado, sin afectar la calidad y viabilidad de las obras públicas y servicios contratados.
