Con apoyo del gobierno de EU, autoridades panameñas obtuvieron la primera condena penal en un esquema de fraude multimillonario contra el Departamento de Asuntos de Veteranos. El cirujano Rolando Chin admitió su responsabilidad en la trama que afectó al programa médico para veteranos en el extranjero.
Las autoridades panameñas, con el apoyo de Estados Unidos, lograron obtener una declaración de culpabilidad del doctor Rolando Chin, un cirujano residente en Panamá, por su participación en un amplio esquema de fraude contra el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de EU.
El fraude, descubierto inicialmente por el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el propio VA, involucró a varios médicos y farmacias en Panamá que presentaban reclamaciones falsas al Programa Médico Extranjero (FMP). Este programa brinda atención médica vital a veteranos estadounidenses que residen en el extranjero.
Las investigaciones revelaron que los involucrados presentaban reclamaciones infladas, facturaban servicios no prestados o medicamentos nunca entregados, y utilizaban métodos engañosos de facturación. La declaración de culpabilidad de Chin se concretó tras una investigación penal impulsada por fiscales panameños, en estrecha colaboración con el gobierno estadounidense.
“El Departamento está comprometido con combatir el fraude contra Estados Unidos donde sea que ocurra”, afirmó Yaakov Roth, fiscal general adjunto interino de la División Civil del Departamento de Justicia. “Nuestros esfuerzos no solo han permitido recuperar fondos para los contribuyentes, sino que también han evitado pérdidas millonarias futuras. Agradecemos la cooperación de nuestras contrapartes panameñas.”
En diciembre de 2022, Estados Unidos presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de Panamá contra casi 40 acusados, incluyendo médicos, farmacias, empresas y un hospital, por fraude agravado y blanqueo de capitales. Para agosto de 2023, los fiscales panameños presentaron las primeras acusaciones formales y, a inicios de este año, consiguieron la primera condena penal en este caso: la del Dr. Chin, quien también firmó un acuerdo de restitución con EU.
La investigación continúa y se prevén nuevos procesamientos contra los otros acusados identificados en la denuncia estadounidense.
A raíz de esta denuncia, el VA implementó en agosto de 2024 una suspensión gubernamental contra los implicados. Como consecuencia, el gasto proyectado del FMP en Panamá para el año fiscal 2025 se reducirá a la mitad, generando un ahorro estimado de casi 25 millones de dólares.
Este caso representa un esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia (a través de su Oficina de Litigios Internacionales), el VA, su Oficina del Inspector General, y el Departamento de Estado. La abogada Christine Brennan y la subdirectora Kiesha Minyard están a cargo del litigio.
Este hecho resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la defensa de los recursos públicos.
