Durante abril, la Fiscalía de Jalisco logró vincular a once personas en cinco procesos distintos por desaparición cometida por particulares, todos relacionados con el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) asumió el control de la investigación del crematorio clandestino localizado en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el caso ya había derivado en múltiples procesos penales iniciados desde septiembre por la Fiscalía del Estado. Durante abril, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas informó que ha logrado vincular a once personas en cinco causas distintas por el delito de desaparición cometida por particulares.
Los diez detenidos originalmente el 18 de septiembre de 2024, durante un operativo en el predio, ya enfrentan cuatro procesos distintos. La mayoría de ellos fueron identificados por víctimas que escaparon o sobrevivieron a privaciones de la libertad. Además, el pasado 11 de abril se sumó una quinta causa penal, en la que fue vinculado Eduardo Daniel “N”, previamente señalado como reclutador con fines ilícitos. Esta nueva acusación se generó a partir del testimonio de otra víctima, quien también identificó a siete de los detenidos iniciales.
Las vinculaciones se han dado de forma escalonada durante el mes. El 1 de abril, Erick “N” y Kevin “N” —también identificado como Lennin “N”— fueron procesados tras ser señalados por tres víctimas. Ese mismo día, Eduardo Daniel “N” fue vinculado en otro proceso. Posteriormente, el 4 de abril, todos los detenidos fueron procesados por una nueva denuncia, y el 8 de abril, otras dos víctimas identificaron a cinco de ellos.
La Fiscalía del Estado dictó prisión preventiva oficiosa por un año para los implicados y reafirmó que continuará con los procesos necesarios para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas.
Omisiones graves y retrasos federales
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, asumió el caso tras denunciar omisiones graves por parte de las autoridades locales durante las primeras diligencias en el rancho, descubierto en septiembre de 2024. De acuerdo con el fiscal general, no se procesaron adecuadamente las pruebas encontradas, como prendas, calzado y vehículos —tres de ellos con reporte de robo—, ni se dio intervención oportuna a la federación en delitos relacionados con delincuencia organizada y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
A seis meses del hallazgo, Gertz Manero señaló que aún no existía un dictamen pericial definitivo sobre la identidad o antigüedad de los restos hallados, lo que ha obstaculizado la investigación. En respuesta, la FGR solicitó con carácter de urgencia la entrega de todos los peritajes y evidencia recabada.
Reclutamiento forzado y liberaciones
El caso del Rancho Izaguirre se conecta con otro hallazgo ocurrido el 29 de enero de 2025, cuando fuerzas federales intervinieron un campamento en la zona de la presa La Vega, también en Teuchitlán. En esa ocasión, 38 personas fueron detenidas, pero se comprobó que 36 de ellas eran víctimas de reclutamiento forzado, llevadas con engaños desde la central de autobuses de Zapopan. Tras permanecer más de una semana en prisión, fueron liberadas luego de que un juez determinara su inocencia.
Este antecedente evidenció un patrón de operación de grupos criminales que captan a personas vulnerables bajo falsas promesas de trabajo, y refuerza las sospechas de que el Rancho Izaguirre operaba como centro de entrenamiento, retención y exterminio bajo el control de estructuras delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Mientras la FGR continúa integrando pruebas y peritajes, y la Fiscalía estatal avanza con las causas judiciales abiertas, el caso de Teuchitlán se perfila como uno de los más graves en la documentación reciente de violencia criminal y colusión institucional en el occidente del país.
